Por delitos de abuso de confianza, fraude, y peculado, por una cifra que supera los mil 200 millones de pesos, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, denunció a Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Kiko Vega, exgobernador.
La denuncia contra el exgobernador, mejor conocido como Kiko Vega, así como a varios de sus excolaboradores por delitos en el ejercicio de su función, fue dada a conocer por el actual mandatario del estado luego de la reunión de seguridad en el Centro de Gobierno de Tijuana.
Tras el anunció que hiciera Bonilla Valdez, fue el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien interpuso la denuncia señalada, contra Kiko Vega, y otros exfuncionarios de la administración del abanderado de Acción Nacional.
Al igual que Kiko Vega, buscan investigar a sus colaboradores
La denuncia anunciada por Jaime Bonilla Valdez contra su antecesor Kiko Vega también involucra a algunos de los excolaboradores cercanos al exgobernador.
Los otros acusados por la nueva administración son: Bladimiro Hernández Díaz, quien se desempeñó como secretario de Finanzas y Loreto Quintero, que fuera exoficial Mayor, y quien hoy ostenta el cargo de diputada.
Además señalaron que Enrique Remigio Salcido, exdirector de Normatividad; y Rutilio Pérez Flores, director de Adquisiciones, también podrían resultar con responsabilidad de los delitos en el ejercicio de su función en la pasada administración.
De acuerdo con Amador Rodríguez Lozano, algunos de los documentos fueron firmados por órdenes superiores ; además detalló que encontraron solicitudes hechas por la administración de Kiko Vega para adquirir préstamos cortos, mismos que fueron usados para pagar asesorías , sin especificar de qué tipo.
Burócratas también interponen denuncia contra Kiko Vega
Al igual que el gobierno estatal, un grupo de burócratas presentó una denuncia penal contra el exgobernador, así como contra el secretario general del Sindicato de Burócratas, Arturo Gutiérrez Vázquez.
Esta denuncia contra el exgobernador refiere a un financiamiento temporal de 600 millones de pesos que otorgó el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), Javier Meza López, al gobierno del estado cuando estuvo bajo el mandato de Kiko Vega.
Dicho financiamiento con dinero del Issstecali fue autorizado por líderes sindicales, institución que hoy vive una profunda crisis y desabasto de medicamentos, que han derivado en protestas a nivel estatal.