La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los ministros podrán resolver controversias y acciones de inconstitucionalidad de la llamada Ley Bonilla en Baja California tras la toma de protesta del mandatario electo, Jaime Bonilla.
La suspensión de la Ley Bonilla fue tomada por el ministro Fernando Franco González Salas luego que el actual gobernador del estado, Francisco Vega, interpusiera una controversia constitucional en contra del decreto que extiende de 2 a 5 años el mandato del gobernador entrante, quien rendirá protesta el próximo 01 de noviembre.
El máximo órgano judicial del país negó la suspensión de la Ley Bonilla y estableció que la norma es de carácter tracto sucesivo; es decir, que en el transcurso del tiempo sigue produciendo efectos, por lo que el hecho de que el gobernador electo rinda protesta, no impide que la SCJN resuelva con posterioridad el tema.
El ministro dio un plazo de 30 días hábiles al Poder Legislativo de Baja California para que envíe al alto tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo.
Asimismo, deberá enviar los respectivos diarios de debates y las documentales de las que se advierta que dio vista con la reforma constitucional a los municipios del estado, apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le aplicará una multa.
INE presenta ante tribunal acción declarativa contra Ley Bonilla
Sumado a la controversia anterior, el pasado 24 de octubre, el Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una acción declarativa contra la Ley Bonilla , aprobada en días pasados y que extiende de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla.
La Ley Bonilla , recordó del INE, fue publicada en el Periódico Oficial de Baja California el pasado jueves 17 de octubre, con lo que se avala la extensión de mandato del político morenista.