Investigan primer caso de fraude electoral cibernético en Chiapas

La identidad de varios chapanecos fue usurpada. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión contra una exconsejera general del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chipas por alterar el listado de electores; el delito se ha considerado como el primer caso de fraude electoral cibernético en Chiapas.

Santiago Nieto, fiscal de Delitos Electorales señaló se libró una orden de aprehensión en contra de otros cuatro exconsejeros generales del Instituto y una funcionaria que aún permanecen prófugos, sus derechos electorales han sido suspendidos por la presunta comisión de este delito que alcanzó el rango penal.

"⬦ se trata de un fraude electoral cibernético y de usurpación de identidad desarrollando en el proceso electoral del 19 de junio de 2015 en el estado de Chiapas. Se trata del primer caso relacionado con un fraude electoral cibernético⬦. " Santiago Nieto

La investigación se realiza de acuerdo a denuncias hechas por el INE, IEPC local, por el PRD y Morena,  así como ciudadanos cuya identidad fue usurpada y se dieron cuenta el día de la votación; pues habían sido dadas de altas en el listado nominal de residentes en el extranjero. Asimismo la Fiscalía ejerció  acción penal  contra el represente legal de la empresa "DSI elecciones S.A. de C.V." por su probable participación en el delito electoral:

"Los votos fueron emitidos desde el interior del país, hubo un registro indebido de votantes que se encontraba residiendo en el estado de Chiapas, se utilizaron servicios de redes virtuales privadas para ocultar las dimensiones informáticas reales, las direcciones IP desde las cuales se emitieron los votos⬦"

Además se realizaron mil 200 registros de votantes desde el interior de las instalaciones del IEPC, votos que favorecieron al exdiputado migrante Roberto Pardo Molina.

  • Los indiciados podrían enfrentar una penalidad de 3 a 7 años de prisión, sin embargo podrían continuar su proceso en libertad porque no considerado un delito grave. La Fepade buscará su inhabilitación. 

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