Durante los dos últimos años, más de 300 funcionarios y exservidores públicos de todos los niveles del gobierno en Michoacán, han sido inhabilitados al comprobarse irregularidades en su ejercicio.
La secretaria de la Contraloría, Silvia Estrada Esquivel, afirmó que se detectaron alrededor de 25 mil millones de pesos desviados en rubros como salud, educación y seguridad.
Recordó que al momento han sido interpuestas ante las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Estado (PGJE), un total de 15 denuncias penales en contra de exfuncionarios e incluso exgobernadores.
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Producto de las acciones emprendidas por esta dependencia, el pasado 13 de octubre fue detenido el exsecretario de Finanzas, Luis Miranda Contreras, a quien se le vinculó a proceso por el delito de peculado.
Tras dictársele orden de aprehensión e ingresar al penal David Franco Rodríguez, el funcionario logró su libertad bajo caución tras el pago de una fianza de 56 millones de pesos.
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