La SubprocuradurÃa Anticorrupción de Nuevo León presentó pruebas adicionales de que la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, asà como seis de sus funcionarios y tres integrantes de su cabildo, habrÃan adjudicado de manera directa un contrato de servicios profesionales con cargo al erario.
El titular de la SubprocuradurÃa, Ernesto Canales, informó que la acusación fue presentada el 2 de septiembre, dÃa en que venció el plazo otorgado para cerrar la investigación.
Añadió que los 10 exfuncionarios de la pasada administración municipal de Monterrey imputados en el caso tendrán 15 dÃas para señalar vicios formales de la acusación, exponer argumentos de defensa y señalar los medios de prueba que serán desahogados en una audiencia de juicio oral.
Canales Sánchez señaló que la audiencia intermedia deberá celebrarse en un plazo no menor de 30 ni mayor de 40 dÃas.
Los 10 imputados, que el 5 de julio fueron vinculados a proceso por un Juez de Control por los delitos de ejercicio indebido y de ejercicio abusivo de funciones públicas, son:
Ejercicio abusivo de funciones públicas
- Margarita Alicia Arellanes Cervantes, expresidenta municipal de Monterrey
- Irasema Arriaga Belmont, exsÃndica segunda
- Jesús Guadalupe Hurtado RodrÃguez, exsecretario del Ayuntamiento
- Julián Hernández Santillán, extesorero municipal
- Alejandra RodrÃguez Guerra, exsecretaria de Administración
- José Francisco de la Cruz Suárez, exdirector JurÃdico
Ejercicio indebido de funciones públicas
- David Rex Ochoa Pérez, exsÃndico primero
- Arturo Pezina Cruz, exregidor
- Luis Ángel Torres Garza, exencargado del Despacho de la Dirección de Adquisiciones
- Aldo Ariel Cepeda López, exdirector de Egresos
La FiscalÃa considera que â¬9para el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, hay datos de prueba de que los exfuncionarios adjudicaron de manera directa un contrato de prestación de servicios profesionales con cargo al erario por la cantidad de 7 millones 75 mil 471 pesos más IVA. Este contrato fue para apoyar jurÃdicamente a funcionarios municipales en la administración 2012-2015, encabezada por Arellanes Cervantes.
Para el segundo delito, se señala que realizaron un contrato de prestación de servicios a sabiendas de que dicho contrato resultaba ilegal y que los únicos beneficiados serÃan los propios vinculados y otros exservidores públicos del municipio.
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