Presentan más pruebas contra exalcaldesa de Monterrey

También investigan a otros nueve exfuncionarios del municipio. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León presentó pruebas adicionales de que la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, así como seis de sus funcionarios y tres integrantes de su cabildo, habrían adjudicado de manera directa un contrato de servicios profesionales con cargo al erario.

El titular de la Subprocuraduría, Ernesto Canales, informó que la acusación fue presentada el 2 de septiembre, día en que venció el plazo otorgado para cerrar la investigación.

Añadió que los 10 exfuncionarios de la pasada administración municipal de Monterrey imputados en el caso tendrán 15 días para señalar vicios formales de la acusación, exponer argumentos de defensa y señalar los medios de prueba que serán desahogados en una audiencia de juicio oral.

Canales Sánchez señaló que la audiencia intermedia deberá celebrarse en un plazo no menor de 30 ni mayor de 40 días.

Los 10 imputados, que el 5 de julio fueron vinculados a proceso por un Juez de Control por los delitos de ejercicio indebido y de ejercicio abusivo de funciones públicas, son:


Ejercicio abusivo de funciones públicas

  • Margarita Alicia Arellanes Cervantes, expresidenta municipal de Monterrey
  • Irasema Arriaga Belmont, exsíndica segunda
  • Jesús Guadalupe Hurtado Rodríguez, exsecretario del Ayuntamiento
  • Julián Hernández Santillán, extesorero municipal
  • Alejandra Rodríguez Guerra, exsecretaria de Administración
  • José Francisco de la Cruz Suárez, exdirector Jurídico


Ejercicio indebido de funciones públicas

  • David Rex Ochoa Pérez, exsíndico primero
  • Arturo Pezina Cruz, exregidor
  • Luis Ángel Torres Garza, exencargado del Despacho de la Dirección de Adquisiciones
  • Aldo Ariel Cepeda López, exdirector de Egresos


La Fiscalía considera que â¬9para el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, hay datos de prueba de que los exfuncionarios adjudicaron de manera directa un contrato de prestación de servicios profesionales con cargo al erario por la cantidad de 7 millones 75 mil 471 pesos más IVA. Este contrato fue para apoyar jurídicamente a funcionarios municipales en la administración 2012-2015, encabezada por Arellanes Cervantes.

Para el segundo delito, se señala que realizaron un contrato de prestación de servicios a sabiendas de que dicho contrato resultaba ilegal y que los únicos beneficiados serían los propios vinculados y otros exservidores públicos del municipio.

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