La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), junto con la Secretaría de Marina (Semar), realizó un sobrevuelo para constatar el grado de afectación ambiental que sufre la zona tular y urbana de la Laguna de Bacalar, así como predios invadidos en el Relleno de la Sabana de Chetumal, Quintana Roo.
Casi mil 500 hectáreas de terrenos afectados
El procurador Federal, Guillermo Haro Bélchez, informó que la comunidad menonita en Bacalar está sujeta a un procedimiento administrativo y fue denunciada penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado mes de mayo, debido al cambio de uso de suelo y afectación de mil 445.4 hectáreas de terrenos forestales sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En marzo, la Profepa clausuró tres predios en los ejidos El Paraíso, El Bajío y San Fernando del municipio de Bacalar, en la parte correspondiente al tular, por no contar con la autorización para cambio de uso de suelo en terrenos forestales que emite la Semarnat.
- Sólo 5.36 hectáreas de la Laguna de Bacalar están consideradas como Parque Ecológico Estatal contra las restantes seis mil 290.83 hectáreas que la integran y que aún no cuentan con un esquema legal ambiental.
En noviembre del 2015 la autoridad ambiental emitió una recomendación conjunta al gobierno de Quintana Roo y los Ayuntamientos de Bacalar y Othón P. Blanco a fin de instrumentar políticas locales para la atención inmediata del Área Natural Protegida Laguna de Bacalar, debido a la contaminación causada por el incumplimiento del programa de ordenamiento ecológico, el equipamiento urbano insuficiente, la proliferación de desarrollos habitacionales irregulares, la descarga de aguas residuales y lixiviados de basureros a cielo abierto en la zona.
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