Investigan a Nicolas Sarkozy por presunta corrupción

EFE Francia 07-03-2014 10:34

Las averiguaciones comenzaron el pasado 26 de febrero.

El ex presidente francés, Nicolas Sarkozy, es investigado por la Justicia de ese país dentro de una instrucción relacionada con un caso de presunta corrupción, informó este viernes el diario "Le Monde".

El vespertino galo indica que el antiguo jefe del Estado, además de dos de quienes fueron sus ministros -el de Interior, Claude Guéant, y el de Interior, Brice Hortefeux- también fueron sometidos a escuchas ordenadas por la Justicia.

La investigación estaba relacionada, en origen, con las pesquisas abiertas el 19 de abril de 2013 para determinar si parte de la campaña electoral de Sarkozy que le llevó al cargo en 2007 fue financiada por el régimen libio de Muamar el Gadafi.

Las escuchas a las que fue sometido Sarkozy recientemente condujeron, según el diario, a la apertura de una investigación judicial por los cargos de "violación del secreto del sumario" y de "tráfico de influencias" el pasado febrero.

La revelación de "Le Monde" se conoce después de que esta misma semana la policía registrara el despacho de Thierry Herzog, abogado del ex presidente, en la investigación mencionada.

La prensa francesa ya había informado esta semana que la investigación comenzó el pasado 26 de febrero por orden de la jueza Patricia Simon y tiene por objeto aclarar las relaciones del ex presidente conservador y su letrado con el alto magistrado del Tribunal de Casación Gilbert Azibert. Los registros tuvieron lugar en París y en la Costa Azul, en los domicilios y despachos profesionales de Herzog y Azibert.

Con esas pesquisas se intentaba saber si Sarkozy y Herzog "intentaron asegurarse con toda discreción el apoyo del magistrado" antes de que ese tribunal dictamine el próximo 11 de marzo una decisión importante para el expresidente en relación con el caso Bettencourt.

El que fuera inquilino del Palacio del Elíseo entre 2007 y 2012 sabrá la próxima semana si puede recuperar las agendas que le fueron confiscadas dentro de una investigación sobre presunta financiación ilegal en el llamado "caso Bettencourt".