El Senado brasileño aprobó con 55 votos a favor, 13 en contra y una abstención la intervención militar del área de seguridad del estado de Río de Janeiro ordenada por el presidente Michel Temer, cada vez más cuestionada por su aparente improvisación y por los riesgos que podría plantear para las garantías constitucionales.
La intervención, inédita desde el retorno de la democracia en 1985 tras 21 años de dictadura militar, retira al gobernador el control de todas las fuerzas de seguridad y las pone en manos de un general del ejército, que reportará en forma directa al presidente Temer.
El gobierno hizo el anuncio con grandes gestos, pero hasta el momento dio muy pocos detalles acerca de una operación que causa incomodidad incluso dentro del ejército.
Fiscales y Amnistía critican
Criticada por especialistas que la tildan de efectista, la medida también fue cuestionada por fiscales de la República como Deltan Dallagnol, a cargo de resonantes investigaciones de la operación Lava Jato y quien rechaza los allanamientos colectivos que el gobierno manifestó inicialmente querer realizar en sus operaciones de búsqueda de personas en las favelas.
"El Código de Proceso Penal no autoriza la expedición de mandatos de búsqueda colectivos o genéricos. Al contrario, exige la mayor precisión posible en las viviendas a ser requisadas". Deltan Dallagnol, fiscal de Brasil
La utilización de tropas militares en situaciones específicas "no mejoró los índices de violencia", propiciando en cambio "graves violaciones de los derechos humanos" especialmente en las comunidades más empobrecidas, afirmó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional para Brasil, Jurema Werneck, en la presentación a la prensa en Río de Janeiro del informe anual de la organización.
La responsable de Amnistía lamentó que no se hayan tomado "medidas de inteligencia, de planificación, de prevención de la violencia" desde que Temer presentara el año pasado un plan de seguridad.
"¿Qué hay detrás de esta medida intempestiva, no planificada, extrema, que según algunos juristas viola la Constitución?". Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional para Brasil
Temer es acusado de querer desviar la atención al ser incapaz de aprobar una polémica reforma del sistema de jubilaciones reclamada por el mercado, que su gobierno enterró el martes.