Las claves para entender la crisis política en Nicaragua

17/07/2018 18:45 Por:
Diana Sánchez/Agencia
Nicaragua Internacional Uno TV/AFP
Nicaragua vive una ola de violencia por protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Foto: AFP

Nicaragua vive una ola de violencia por protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Foto: AFP

Nicaragua está sumido en una ola de violencia desde abril pasado, cuando miles de jóvenes y estudiantes salieron a las calles para manifestarse en contra del presidente Daniel Ortega y su esposa (y también vicepresidenta) Rosario Murillo.

Desde entonces, las represiones del gobierno han dejado al menos 351 muertos, más de mil 500 heridos y un número no precisado de detenidos y desaparecidos, según indican organismos de derechos humanos.

A continuación algunas claves para entender la crisis política que ha llamado la atención de organizaciones internacionales y que ha puesto en jaque al gobierno de Daniel Ortega, quien volvió al poder en 2007.

La punta del iceberg

Las protestas iniciaron el 18 de abril, cuando el gobierno de Ortega impulsó un polémico paquete de reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS), que aumentaba las cuotas de pensiones a los trabajadores, y patronales a los empresarios, situación que la población y organizaciones civiles calificaron de ilegal e inhumana.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) advirtió a su vez que la reforma provocaría "despidos y más desempleo" y proyectó que unos 200 millones de dólares dejarían de circular en la economía, lo que traería como consecuencia una desaceleración del consumo y mayor informalidad.

Frente a la oposición general que despertó la reforma, el presidente Daniel Ortega anunció tres días después que la medida había sido revocada por una resolución de la directiva del INSS. Sin embargo, el descontento continuaba por la represión de su gobierno, que para ese momento ya había dejado un saldo de 24 muertos.

Protesta generalizada

Aunque las protestas comenzaron con estudiantes que rechazaban la forma autoritaria en que se aprobó la reforma, esto era sólo la gota que había derramado el vaso en su gobierno, por lo que rápidamente se sumaron otros sectores disconformes con Ortega e indignados por la represión contra los manifestantes.

Esta protesta ha trascendido el hecho concreto de las reformas al seguro. Tiene que ver con la reacción violenta del gobierno contra estas manifestaciones", dijo en su momento el abogado y diplomático Alejandro Serrano Caldera, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.

Los ciudadanos inconformes comenzaron a tomar las calles en las principales ciudades del país centroamericano y la espiral de violencia y represión continuó por parte de Ortega, que acusaba de "golpistas" a sus detractores.

Diálogo fracasado

Ante la situación, el gobierno anunció que llamarían a un diálogo con la oposición en el que la iglesia católica fungiría como mediadora. Esto calmó por unos días los violentos enfrentamientos.

El 16 de mayo, casi un mes después de que iniciaran las protestas, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, encabezada por el cardenal Leopoldo Brenes, comenzó el diálogo con el régimen de Ortega.

Con el diálogo, inició la tregua. Sin embargo, tres días después, cuatro estudiantes fueron heridos con disparos mientras se encontraban sitiando la Universidad Nacional Agraria (UNA). Los estudiantes acusaron al gobierno de incumplir la tregua y la gente volvió a salir a las calles en protesta.

Ante la negativa del presidente de dejar el poder y adelantar las elecciones, el diálogo se ha llevado a cabo de manera intermitente y la posibilidad de resolver el problema por esta vía se ve cada vez menos viable.

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Organizaciones internacionales llaman a parar represión

Tras desatarse las protestas, el Alto Comisionado de la ONU pidió "investigaciones rápidas, independientes y transparentes" sobre las víctimas de las manifestaciones, señalando que había posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de las autoridades.

Asimismo, organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Right Watch condenaron la violencia y la represión, y llamaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) a convocar a su consejo permanente para presionar al gobierno de Daniel Ortega a investigar las muertes.

En mayo, tras presiones internacionales e internas, Ortega accedió a que la CIDH acudiera a investigar las desapariciones y muertes de los manifestantes, que ya rebasaban el centenar. La Comisión reveló posteriormente que el gobierno nicaragüense había incurrido en un uso excesivo de la fuerza.

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Rebeldes y estudiantes unidos

La oposición, congregada en el movimiento Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y que incluye a rebeldes y estudiantes, ha dicho que no pararán hasta que Ortega deje el poder.

En junio, la ciudad de Masaya, un bastión de la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza en 1979, se rebeló contra Ortega, que comandó las acciones contra el régimen depuesto.

Los dirigentes de la resistencia afirmaron que su lucha "es inclaudicable" hasta que Nicaragua sea libre y que continuarán defendiéndose con barricadas, piedras y morteros para bloquear las carreteras en medio de una "evidente desigualdad" contra las tropas gubernamentales que "nos disparan a matar con armas de alto calibre y fusiles de guerra".

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"¡Aunque nos maten y nos repriman vamos a seguir en esta lucha hasta que se vaya!", exclamaron también cientos de estudiantes en una marcha el lunes, en la que también demandaron justicia por sus compañeros muertos a manos de fuerzas del gobierno en las protestas.

Sin embargo, este martes, una fuerza de más de mil policías y paramilitares fuertemente armados incursionaron  en Masaya, 30 km al sur de la capital, con la intención de desarticular la resistencia en el rebelde barrio de Monimbó, dejando al menos dos muertos.

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