Todo comenzó en abril pasado, cuando miles de nicaragüenses, en su mayoría jóvenes y estudiantes, salieron a las calles para manifestarse en contra del presidente Daniel Ortega y su esposa (y también vicepresidenta) Rosario Murillo.
A continuación algunas claves para entender lo que ha pasado en Nicaragua en las últimas semanas y ha dejado más de un centenar de muertos y varios más heridos, así como una crisis política que ha llamado la atención de organizaciones internacionales y que ha puesto en jaque el gobierno de Daniel Ortega, quien volvió al poder en 2007.
La punta del iceberg
Las protestas iniciaron el 18 de abril, cuando el gobierno de Ortega impulsó un polémico paquete de reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS), que aumentaba las cuotas de pensiones a los trabajadores, y patronales a los empresarios, situación que la población y organizaciones civiles calificaron de ilegal e inhumana.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) advirtió a su vez que la reforma provocaría "despidos y más desempleo" y proyectó que unos 200 millones de dólares dejarían de circular en la economía, lo que traería como consecuencia una desaceleración del consumo y mayor informalidad.
Protesta generalizada
Aunque las protestas comenzaron con estudiantes que rechazaban la forma autoritaria en que se aprobó la reforma, rápidamente se sumaron otros sectores disconformes con el gobierno de Ortega e indignados por la represión contra los manifestantes.
"Esta protesta ha trascendido el hecho concreto de las reformas al seguro. Tiene que ver con la reacción violenta del gobierno contra estas manifestaciones". Abogado y diplomático Alejandro Serrano Caldera, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
Empresarios molestos
El aumento en las contribuciones al INSS generó una ruptura del gremio empresarial con el presidente Ortega, a quien había respaldado desde que volvió al poder en 2007.
"El proceso seguido ante las reformas del INSS representa para el sector privado una señal sobre temas económicos que provoca desconfianza y cuestiona el modelo de diálogo y consenso constitucional vigente". Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP)
Marcha atrás
Frente a la oposición general que despertó la reforma, el presidente Daniel Ortega anunció el 21 de abril que la medida había sido revocada por una resolución de la directiva del INSS. Sin embargo, el descontento continuaba por la represión de su gobierno, que para ese momento ya había dejado un saldo de 24 muertos.
Organizaciones internacionales llaman a parar represión
Días después de que se desataran las protestas, el Alto Comisionado de la ONU pidió "investigaciones rápidas, independientes y transparentes" sobre las víctimas de las manifestaciones, señalando que había posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de las autoridades.
Asimismo, organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Right Watch condenaron la violencia y la represión, y llamaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) a convocar a su consejo permanente para presionar al gobierno de Daniel Ortega a investigar las muertes.
Ejército toma distancia de Ortega
Tras semanas de intensa agitación política y social, en las que ya iban al menos 51 muertos, el ejército de Nicaragua tomo distancia del presidente el 12 de mayo, cuando su portavoz, el coronel Manuel Guevara, asegurara que no reprimirían a la población.
Al día siguiente, la institución dijo estar a favor de la construcción del diálogo y emitió un comunicado señalando que eran "el pueblo mismo uniformado, hacemos un llamado a detener la violencia y acciones que nos desestabilizan".
Jornada sangrienta
Mes y medio después de que se desencadenaran las protestas, el jueves la policía de Nicaragua reportó 15 muertos y 199 heridos en la última ola de manifestaciones, que iniciaron el miércoles, convocadas por las llamadas "Madres de abril", mujeres cuyos hijos han sido asesinados en las últimas seis semanas por el régimen orteguista.
Con esta última jornada sangrienta, la cifra de muertos aumentó a 113 personas, en su mayoría jóvenes y estudiantes. En medio de este ambiente, el país centroamericano enterró este viernes a los fallecidos en los últimos dos días.
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