La Cámara de Diputados de Brasil decidirá este miércoles sobre la suspensión del presidente Michel Temer, y si permitirá que el principal tribunal del país lo juzgue por las acusaciones de soborno que pesan en su contra. La votación llega en un año complicado para el gobierno de Temer y el resultado podría tener serias implicaciones para la mayor nación sudamericana en el próximo año.
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Cómo llegó Brasil hasta aquí
El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, acusó en junio a Temer de sobornos por supuestamente orquestar una trama que recibió alrededor de 12 millones de dólares en pagos ilícitos de la empacadora de carne JBS a cambio de la ayuda del gobierno en un negocio. Rodrigo Rocha Loures, excolaborador del presidente, fue detenido cuando salía de una pizzería de Sao Paulo con una maleta con unos 150 mil dólares en efectivo que se cree procedían de mordidas. El dirigente niega la acusación y dice que no hay pruebas de que haya recibido el dinero.
Esta es la primera vez que un presidente en activo es acusado de corrupción en Brasil. Temer es uno de los muchos políticos vinculados a una colosal pesquisa de tres años sobre el pago de sobornos que ha llevado a prisión muchos miembros de la élite del país.
¿Por qué se vota en el Congreso?
Los legisladores federales solo pueden ser investigados, acusados o juzgados con la aprobación del Supremo Tribunal Federal, el más alto tribunal del país. Aunque la Corte aceptó los cargos en contra de Temer, hay un paso adicional -la votación en la Cámara de Diputados - al tratarse de un presidente en activo. Según la constitución brasileña, la cámara baja del Congreso está diseñada para ser la voz del pueblo y, en algo tan serio como esto, se supone que los brasileños pueden opinar a través de sus representantes.
La votación
Para que Temer sea suspendido, dos tercios de los 513 miembros de la Cámara de Diputados, o 342 legisladores, deben votar en su contra. Si se alcanza la cifra, Temer quedaría suspendido hasta 180 días mientras el Supremo Tribunal Federal lo juzga. Los cargos en su contra acarrean una pena de 12 años de prisión. Durante este periodo, el presidente de la cámara, Rodrigo Maia, un aliado de Temer, ocuparía la presidencia.
Si no se obtienen los votos necesarios, la acusación contra Temer quedará suspendida y seguirá en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2018, cuando expira su mandato. Sin embargo, la fiscalía podría decidir juzgarlo una vez deje la presidencia.
Nada está seguro
Maia y otros aliados de Temer aseguran que el presidente ganará la votación por un amplio margen, con 50 respaldos más de lo necesario según algunos conteos. Aunque Temer es tremendamente impopular entre la población brasileña -su índice de aprobación es del 5 por ciento según una encuesta de la semana pasada- es conocido por su capacidad para lograr pactos entre cajas con otros legisladores.
El presidente, de 76 años, no ha dejado nada a la improvisación: su gobierno ha estado prometiendo de forma frenética proyectos millonarios para distritos a cambio del apoyo de sus legisladores.
Riesgos
A pesar de la confianza de Temer en que podrá mantenerse en el cargo, enfrenta dos grandes riesgos.
En primer lugar, es tan impopular que muchos diputados podrían decidir que asociarse a su figura haría peligrar su futuro en política. Los 513 diputados serán reelegidos el próximo año, y los brasileños están ya enojados con los políticos y lo que parece un goteo incesante de escándalos de corrupción. La votación será emitida en directo para todo el país por Globo, uno de los mayores conglomerados de medios de Latinoamérica que llega a la amplia mayoría de los hogares brasileños.
Por otra parte, se espera que el fiscal general presente en las próximas semanas un segundo cargo contra Temer por presunta obstrucción de la justicia. En marzo, Temer fue grabado por un exejecutivo de JBS respaldando, aparentemente, la continuidad de los pagos al expresidente de la Cámara, Eduardo Cunha, que cumple una sentencia de 15 años por corrupción. Temer niega haber cometido delito alguno. Una segunda acusación provocaría una nueva votación y obligaría a los diputados a valorar nuevamente su asociación con el acosado líder.
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