Organizaciones civiles internacionales instaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pedir a Estados Unidos que reconsidere su decisión frente al Estatus de Protección Temporal (TPS) y la Acción Diferida para la Infancia (DACA), hasta que el Congreso apruebe la legislación.
Aplicar la legislación y hacer cumplir la ley de una manera que garantice la vida familiar, el debido proceso y en la que se proteja el interés superior de los niños; y emprender todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole necesarias para garantizar que los derechos civiles, sociales, económicos y culturales se garanticen sin discriminación , señalaron las organizaciones civiles.
La CIDH realizó una audiencia pública sobre la política migratoria del gobierno de Estados Unidos y en particular el impacto que la cancelación del TPS y la DACA tendrá en los derechos humanos de los beneficiarios de dichos programas.
Las organizaciones de la sociedad civil CEJIL, American Civil Liberties Union (ACLU), Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos (LAWG) y Alianza Américas participaron esta semana en la 167 sesión anual de la CIDH que se desarrolló en Bogotá.
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Las voces de los delegados de las organizaciones civiles y de la CIDH exigieron a los representantes del Departamento de Estado, presentes en la audiencia pública, respetar los derechos fundamentales de los inmigrantes y sus familias, como lo establece el ordenamiento jurídico internacional.
Toda política migratoria que adopte Estados Unidos debe respetar los derechos humanos y si el gobierno alega asuntos de seguridad nacional o de tipo doméstico tiene la obligación de justificar de una manera amplia cómo va a proteger los derechos fundamentales , explicó a Notimex Francisco Quintana, directivo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Los delegados del Departamento de Estado justificaron la decisión del gobierno de (el presidente estadounidense Donald) Trump para cancelar o restringir el TPS y la DACA, con el argumento de ser un problema de seguridad nacional y un asunto estrictamente doméstico en Estados Unidos.
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