Las demoras del gobierno estadounidense para la implementación de reformas están abriendo la posibilidad de que los niños migrantes queden en manos de traficantes de personas, según una investigación legislativa.
Hace dos años llovieron críticas sobre las autoridades por haber revocado las políticas de bienestar infantil que protegían a los menores no acompañados que huían de la violencia en Centroamérica. Varios legisladores dijeron el jueves que las agencias aún no han determinado quién se encargará de los niños en Estados Unidos.
Desde el abrupto aumento de cruces fronterizos en el otoño de 2013, el gobierno estadounidense ha ubicado a más de 180 mil menores con padres u otros responsables adultos en distintas comunidades del país, donde van a la escuela mientras avanzan sus procesos migratorios.
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Una investigación halló en 2016 que más de una veintena de menores no acompañados fueron derivados a hogares donde sufrieron abusos sexuales, no recibieron alimentación o fueron forzados a trabajar.
En ese entonces, los representantes adultos no eran sometidos a revisiones exhaustivas, eran poco comunes las inspecciones a los hogares y las autoridades en ocasiones no se enteraban de que los adultos habían acogido a otros niños, un posible indicio de tráfico humano.
Desde entonces, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés) ha usado sus limitados recursos para tratar de ayudar a niños en riesgo que necesitan protección adicional. El año pasado, el HHS ofreció ubicar a un tercio de los menores sin acompañante, según la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado.
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Sin embargo, los activistas denuncian que es muy difícil saber la cantidad exacta de menores que son vulnerables, en parte porque muchos de los migrantes citados para una revisión posterior desaparecen y además, los adultos pueden rehusar ser visitados.
"El Departamento de Salud y Asistencia Social tiene la obligación de defender a estos niños y asegurarse de que asistan a sus audiencias en la corte porque existe el potencial del tráfico humano". Senador republicano Rob Portman, presidente de la subcomisión.
Portman empezó a investigar el tema al enterarse de que en su estado, Ohio, ocho adolescentes guatemaltecos que fueron dejados con traficantes fueron sometidos a trabajos forzados en una granja avícola, bajo amenazas de muerte. Seis personas han sido condenadas a cárcel por ese caso.
La audiencia se realizará en momentos en que el gobierno de Donald Trump está tratando de reformar las leyes para poder devolver rápidamente a los niños migrantes a sus países de origen si no están en riesgo de caer en manos de traficantes.
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