El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, está siendo trasladado de la prisión de Alahurín de la Torre, en Málaga, a una cárcel de Madrid.
Por razones de seguridad, hasta que se complete el traslado Instituciones Penitenciarias no dará a conocer la prisión donde el exdirector de Pemex permanecerá recluido mientras avanza el proceso de extradición en su contra.
La autoridad responsable de las prisiones en España no ha querido confirmar tampoco cuándo se completará el traslado, que podría tardar varias horas o, incluso, varios días en el caso de que Lozoya esté siendo parte de un traslado colectivo de presos.
La Audiencia Nacional, tribunal que juzgará la extradición del exdirector de Pemex y que tiene sede en Madrid, tomó la decisión de acercar a Lozoya para facilitar los trámites administrativos relacionados con el proceso.
Sobre el proceso de extradición
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que el exdirector de Petróleos Mexicanos no solicitó asistencia consular de México.
Asimismo, el responsable de la política exterior de México aseguró que se cumplirán los plazos establecidos para que se haga la solicitud para extraditar a Lozoya, quien es acusado por diversos delitos, entre ellos operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
La solicitud de extradición la está integrando la Fiscalía General de la República, hay un plazo y dentro de ese plazo se va a cumplir, pero se empezó a integrar de inmediato", detalló el funcionario federal.
Lozoya Austin era buscado por autoridades judiciales debido a que proporcionó información falsa en su declaración de situación patrimonial, al omitir, en más de una ocasión, una cuenta bancaria con saldos de cientos de miles de pesos.
Estaba prófugo desde mayo de 2019, tras ser acusado de recibir sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de participar en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes.
El pasado 5 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos del exfuncionario, luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) interpusiera dicha sanción.