El gobernador republicano de Florida, Rick Scott, estudiaba el proyecto de ley aprobado por escasa mayoría en las dos cámaras de la legislatura estatal en respuesta a la masacre de 17 personas en una escuela perpetrada por un adolescente armado con un fusil de asalto y se disponía a reunirse con familiares de las víctimas.
El proyecto no abarca todo lo que quiere el gobernador ni lo que exigen los sobrevivientes de la masacre y tanto los sindicatos de maestros como la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés) han manifestado su oposición.
Sin embargo, las familias de algunas de las 17 víctimas de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas exhortaron a Scott en una carta a "sancionar rápidamente esta histórica ley".
"Sabemos que a la hora de prevenir futuros actos de violencia escolar, la votación de hoy es apenas el principio del proceso. Aplaudimos a los miembros de la Legislatura de Florida que tuvieron el valor de votar contra sus propios intereses para hacer lo correcto para la seguridad de nuestras escuelas. ¡Esta Vez Debe Ser Distinto!". Pasaje de la carta.
Scott dijo que planeaba reunirse con esas familias en las próximas horas.
"Voy a tomarme el tiempo para leer el proyecto y hablar con las familias", dijo Scott, quien tenía excelentes calificaciones de la NRA por su apoyo a medidas a favor del derecho de portar armas. Rompió relaciones con la organización armamentista después de la masacre y su nueva posición reanimó el movimiento por el control de armas.
La medida elevaría la edad mínima para comprar un fusil de 18 a 21 años, impondría los tres días de espera que rigen actualmente para las armas cortas a las armas largas y prohibiría los "bump stocks", accesorios que convierten los fusiles semiautomáticos en armas completamente automáticas.
En las escuelas permitiría a docentes entrenados por la policía y autorizados por el distrito escolar a portar armas cortas ocultas. Crearía programas de salud mental y una línea telefónica para denuncias anónimas de amenazas. También buscaría mejorar las comunicaciones entre las escuelas, la policía y los organismos estatales.
La NRA se opone a elevar los límites de edad e imponer períodos de espera. El cabildero Marion Hammer calificó el proyecto de "alarde de intimidación y coerción" que viola el derecho constitucional de portar armas y castiga a los ciudadanos honestos.
A su vez, los maestros pidieron a Scott que vete el programa para entrenar y armas a empleados escolares, diciendo que solo deben portar armas en las escuelas los policías debidamente entrenados.
El gobernador, que no apoya la disposición de armar al personal escolar, tiene un plazo de 15 días para sancionar la ley, vetarla o dejar que se convierta en ley sin su firma.
El sospechoso de la masacre, Nikolas Cruz, de 19 años, está acusado de 17 homicidios agravados. Su defensor de oficio ha dicho que está dispuesto a declararse culpable si se le condena a prisión perpetua en lugar de la pena capital.
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