El gobierno español impugnó este miércoles ante el Tribunal Constitucional la resolución del Parlamento de Cataluña, que plantea el inicio de un proceso de desconexión (respecto de las instituciones españolas) hacia la independencia.
En rueda de prensa, el presidente Mariano Rajoy reiteró que no permitirá que con esa resolución "se liquide la democracia y se pretenda acabar con las normas de convivencia" no sólo de los catalanes, sino de todos los españoles.
La abogada del Estado, Marta Silva de Lapuerta, entregó al Tribunal Constitucional el escrito de impugnación que podría ser tratado este mismo miércoles, que en caso de aceptar el trámite genera la anulación de la resolución independentista.
La impugnación pide que se notifique personalmente a la presidenta del Parlamento catalán, su mesa directiva; el presidente en funciones en Cataluña, Artur Mas, y sus consejeros, la suspensión de la resolución y se advierta ante riesgo de incumplimiento.