Lo primero que hay que decir es que el presidente de los Estados Unidos ha reconocido que hacer una designación de los cárteles dela droga en México como organizaciones internacionales de terrorismo es un proceso que no es fácil.
Esta noche, desde Washington y en colaboración especial para UnoTV, la periodista María Luisa Rosell explica que para qué se inicie ese proceso primero se tiene que notificar al Congreso, dicha notificación debe estar sustentada en dos leyes:
- 1a. Ley de Nación e inmigración de 1965
- 2a. La Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte efectiva de 1996 que se aprobó en su momento por el expresidente Bill Clinton.
Después de esto, el Congreso tiene siete días para considerar, analizar y en todo caso evaluar, una vez finalizado el proceso y de ser una respuesta afirmativa, se debe publicar en el registro Federal de los Estados Unidos.
A partir de ese momento el Departamento del Tesoro puede iniciar con las sanciones correspondientes a las personas que estén vinculadas con organizaciones que el gobierno de Estados Unidos haya designado como terroristas.
Si Estados Unidos realmente decidiera vincular al narcotráfico como organizaciones terroristas o de terrorismo internacional tendrá que investigar quiénes son esas personas ligadas a esas organizaciones, revisar si tienen cuentas bancarias conectadas a lavado de dinero y revisar el tráfico de armas de Estados Unidos a México ya que este país norteamericano es el principal proveedor de armamento para el crimen organizado.
Dicho esto, es poco probable que Trump realice la designación ya que en estos momentos cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle.
¿Que dice México?
Funcionarios mexicanos y expertos sí temen que la designación podría hacer que las relaciones bilaterales regresen a los días oscuros de la década de 1990, cuando las certificaciones anuales estadounidenses a las labores mexicanas contra el narcotráfico eran motivo constante de fricciones.
Con el proceso de certificación que estuvo vigente entre 1987 y 2002, México corría el riesgo de perder apoyo o acceso a financiamiento internacional, así como de ser objeto de sanciones comerciales, de visado y bancarias. Después de ese periodo el proceso cambió a una forma menos amenazante.