El Juzgado Sexto Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) absolvió a seis de los siete militares acusados de participar en la masacre de Tlatlaya y el séptimo fue condenado a sólo un año de prisión por el delito de "desobediencia", pena que ya cumplió, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
En un comunicado firmado por la organización no gubernamental (ONG) y 15 asociaciones más, detalló que la víctima Clara Gómez González, madre de una niña muerta en el tiroteo, tuvo acceso al expediente luego de promover un juicio de amparo diverso y acusó "opacidad" en torno al caso, pues la sentencia no se hizo pública.
Los elementos castrenses fueron acusados de ejecutar a por lo menos 15 de 22 personas halladas muertas en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, tras un supuesto tiroteo entre sospechosos de narcotráfico y miembros del Ejército, del cual, solamente un soldado resultó herido, según la versión oficial.
Las ONG señalan que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha citado a declarar a mandos militares involucrados en la orden de abatir civiles, pese a que hace nueve meses el Centro Pro le solicitó, en ejercicio de la coadyuvancia, "que se desahogaran diversas pruebas para investigar la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos abatir delincuentes en horas de la oscuridad".
Amnistía Internacional (AI), quien también difundió el comunicado sobre el caso Tlatlaya, instó a la ciudadanía a firmar una petición para exigirle al gobierno mexicano que el caso no quede en la impunidad, se haga justicia y se repare el daño causado a las víctimas de este caso, que además incluya medidas para que este tipo de casos no se repitan.