La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la minuta de reforma para aplicar la extinción de dominio en actos de corrupción y robo de hidrocarburos.
Una vez que entre en vigor, bienes adquiridos por servidores públicos que hayan incurrido en actos de corrupción, o bien, comprados con recursos obtenidos por el llamado huachicoleo, pasarán a dominio de la nación, a través de un juicio civil.
La extinción se aplicará sobre:
- Los bienes producto del robo de hidrocarburos; cuyo origen no pueda acreditarse y estén relacionados con investigaciones asociadas a hechos de corrupción
- Delitos cometidos por funcionarios públicos
- Delincuencia organizada
- Robo de vehículos
- Recursos de procedencia ilícita
- Delitos contra la salud
- Otros ilícitos como el secuestro y la trata de personas
La norma agrega que la persona afectada por la extinción de dominio, podrá utilizar medios legales de defensa, para demostrar la procedencia legítima de los bienes involucrados.
El Partido Acción Nacional (PAN) pidió incorporar la imprescriptibilidad de estos delitos para evitar que personajes como el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, pudiera recuperar, en algún momento, bienes adquiridos con dinero fruto de la corrupción.
Hay controversia por la elección del Fiscal
El Senado elaborará una lista de 10 personas, la cual se enviará al Ejecutivo Federal que, partir de ese listado elegirá una terna a reenviar al Senado para ratificación.
Si el Senado no cumple con el envío de la lista de 10 nombres, el Ejecutivo formulará su propia terna, que será enviada al Senado, también designara a un Fiscal General provisional que ocupará el cargo hasta que haya un nombramiento definitivo.
El fiscal provisional podrá formar parte de la terna del Presidente de la República, lo que las bancadas de oposición han calificado como la posibilidad de que se nombre un Fiscal carnal.
El dictamen, avalado tal y como el Senado dispuso, indica que el Fiscal se encargará de investigar y perseguir los delitos, ejercer la acción penal, procurar la reparación del daño de las víctimas y promover en caso necesario, la adopción de medidas de protección a favor de estas, testigos y otros sujetos involucrados en el proceso de procuración de justicia.
- La propuesta ya fue aprobada por el Pleno del Senado y ahora será sometida a votación del Pleno de San Lázaro, la próxima semana.
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