La mayoría de Morena y sus aliados del PT, Encuentro Social y el Partido Verde aprobaron en lo general y particular la Ley General de Educación, con lo que se abroga la de Infraestructura Física Educativa, en una prolongada sesión en la que la oposición forzó un receso, en su afán por posponer el debate en el pleno.
Con 285 votos a favor y 128 en contra del PAN, Partido Revolucionario Institucional (PRI), PRD y Movimiento Ciudadano, se aprobó el dictamen, aunque para la discusión en lo particular se presentaron unas 55 reservas a la primera de las tres leyes secundarias de la reforma educativa.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, dio por aprobado el dictamen de la Ley General de Educación e instruyó para que pasara al Senado.
Al inicio de la sesión, las fracciones de oposición presentaron diversas mociones suspensivas que fueron rechazadas por la mayoría de Morena, ante lo cual decidieron tomar la tribuna para insistir en la suspensión del debate o en que se declare un receso.
El coordinador de Morena, Mario Delgado, y su correligionario, Pablo Gómez, insistían en dar seguimiento a la sesión, en lo que los panistas calificaron como una presión a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, porque si decretaba el receso, la mayoría amagaba con destituirla del cargo.
Con base en el reglamento, Rojas Hernández llamó a un receso para dar tiempo al diálogo entre los coordinadores parlamentarios, que acordaron poner a votación económica la propuesta de posponer el debate y fue rechazada por Morena y sus aliados.
El dictamen señala que la nueva norma garantizará el derecho a la educación, reconocido en el Artículo Tercero Constitucional, y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de las personas.
Precisa que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, para lo cual garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio Constitucional.
El Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional.