La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en contra de la reducción de su presupuesto y la implementación de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos.
- En su demanda, el Inegi dijo que la reducción presupuestal impide ejercer a cabalidad sus funciones y viola su autonomía financiera, independencia económica y lo acota a cancelar o postergar proyectos comprometidos por mandato constitucional
El instituto argumentó que la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos provoca incertidumbre jurídica a los trabajadores de la institución, toda vez que no se establece la forma en que deben determinarse las percepciones de los funcionarios dentro del órgano constitucional autónomo.
- El recurso fue turnado a la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, quien le negó al Inegi la suspensión solicitada en la demanda.