El Gobierno de México detectó un total de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que concentran a 862 mil 489 trabajadores que ven afectados sus derechos laborales.
Ante ello, El procurador fiscal Carlos Romero Aranda advirtió que conforme a la nueva ley, las empresas que adquieran servicios derivados de "outsourcing ilegal" podrían ser investigadas y sancionadas hasta con 20 años de cárcel.
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que se investiga a las compañías que violan la ley y que en el último mes de 2019 despidieron de manera masiva a miles de trabajadores.
Fueron 380 mil trabajadores despedidos en diciembre y esto tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar impuestos.
Queremos informar sobre este tema porque ya se modificó la ley, por lo cual ya es un delito la evasión de impuestos con el esquema de outsourcing. Vamos a actuar y se aplica la ley, no se pueden permitir estos casos", refirió el mandatario federal.
La titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Maria Alcalde, explicó que las prácticas de subcontratación ilegal han ido creciendo en el país, pues para el 2019 se contabilizan 5 millones de trabajadores en este esquema y 6 mil empresas que realizan subcontratación abusiva.
Romero Aranda, exhortó a las empresas a no hacer uso del outsourcing o subcontratación ilegal y a que se acerquen a las autoridades correspondientes para regularizar su situación, pues ahora la ley permite castigar a quienes lleven a cabo esta práctica.
La reforma va encaminada a castigar a todas esas empresas que dan el servicio de outsourcing de manera ilegal, cuyo único objeto es no pagar las cuotas de seguridad social", expuso y agregó que quien reciba este servicio, corre el riesgo de ir a la cárcel sin derecho a fianza.
Romero Aranda mencionó que quien contrate servicios de outsourcing ilegal o de compra de facturas falsas, incurrirá en el delito de delincuencia organizada y puede tener una condena de hasta 20 años de prisión.
Por ello, el procurador fiscal exhortó a las empresas que han utilizado el outsourcing o subcontratación ilegal a que se acerquen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Servicio de Administración Tributario (SAT) para regularizar su situación.