La Ley de Seguridad Interior responde a una lógica de un estado autoritario y es regresivo a las instituciones democráticas, consideró el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Urgarte.
"La ley de Seguridad Interior aprobada y promulgada en diciembre de 2017 responde a la misma lógica que sustenta el alma autoritaria de la reforma penal de 2008 en materia de delincuencia organizada, y contradice de manera radical la lógica que corresponde a un estado democrático de derecho y apuntala la que sustenta un estado autoritario de derecho". Pedro Salazar Urgarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Durante la inauguración del seminario sobre la Ley de Seguridad Interior organizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Salazar Ugarte indicó que la resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en este tema tendrá consecuencias en la configuración a futuro del estado de derecho en México.
"No se trata de una cuestión técnica sino de una definición estructural, sobre el tipo de estado de derecho que tendremos". Pedro Salazar Urgarte
En este análisis, los legisladores promoventes de las acciones de inconstitucionalidad ante la Corte sostuvieron el riesgo que la vigencia de la ley representa para la ciudadanía en el contexto del proceso electoral federal en curso.
"La Ley de Seguridad Interior en su redacción final, criminaliza la protesta social, porque deja en manos del Ejecutivo interpretar, cuáles movilizaciones se realizan conforme a la Constitución y, por tanto, cuáles podrían disolverse con la utilización de las propias Fuerzas Armadas, ante un escenario electoral muy apretado en donde la diferencia puede ser muy pequeña y que puede haber protestas es un punto crucial". Marcela Torres Peimbert, senadora del PAN
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