Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron que Tomás Yarrington sea extraditado a Estados Unidos para enfrentar los cargos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
"⬦ (ambos gobiernos) han acordado solicitar que el Ministro Italiano de Justicia otorgue precedencia a la solicitud de los Estados Unidos, así como buscar su autorización para la re extradición de Yarrington a México de acuerdo con el artículo 16 del tratado de extradición entre Estados Unidos e Italia."
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Mediante un comunicado, el Procurador General de Estados Unidos, Jeff Sessions, y el Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, informaron que los gobiernos de ambos países acordaron que a la conclusión del juicio en Estados Unidos del exgobernador de Tamaulipas, y ante la determinación de la posibilidad de extradición según lo autoriza el tratado entre ambos países, él será cedido a México de manera temporal para que pueda ser presentado ante la justicia mexicanas, una vez que sea procesado y sentenciado por las autoridades americanas.
"Tanto los Estados Unidos como México se han comprometido igualmente a intercambiar información, y a colaborar con sus respectivas fiscalías contra Yarrington, y a utilizar todos los instrumentos legales disponibles con ese fin".
Lo anterior dependerá de que las autoridades judiciales y el ministro italiano de justicia lleguen a una resolución favorable sobre la extradición del tamaulipeco.
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El exgobernador de Tamaulipas enfrenta cargos en ambos países
Tomás Yarrington enfrenta cargos tanto en Estados Unidos como en México, los cuales son producto de actos criminales supuestamente cometidos en ambos países durante su mandato como gobernador del estado de Tamaulipas de 1999 a 2004.
Yarrington Ruvalcaba fue detenido el 9 de abril de 2017 en Florencia, Italia, con el apoyo de autoridades mexicanas, italianas y estadounidenses.
Estas son las penas que alcanzaría si lo juzgan en Estados Unidos y México:
En Estados Unidos podría alcanzar una condena de cadena perpetua por los delitos de distribución de drogas, lavado de dinero, fraude bancario y estructuración de operaciones de dinero.
En México podría ser sentenciado a un máximo de 20 años por delitos contra la salud.
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