La titular de la Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, afirmó este miércoles que México no dará salvoconductos a los integrantes de la caravana migrante que se prepara para salir de Honduras, pasar por territorio nacional y llegar así a Estados Unidos (EU) a fin de iniciar procesos para solicitar asilo político en el país vecino del norte.
- En entrevista para los representantes de medios de comunicación, la titular de la Segob acotó:
Nosotros no vamos a dar salvoconductos, es claro, clarísimo (que) de ninguna manera tenemos visas de tránsito o bien salvoconductos para la caravana migrante".
Tras sostener un encuentro con el activista y escritor Javier Sicilia, Sánchez Cordero fue cuestionada con respecto a la caravana migrante que se prepara para salir de Honduras con alrededor de 600 integrantes, rumbo a México y con destino a la Unión Americana. La Segob destacó que México sólo recibirá a los migrantes en calidad de asilo o refugio.
- También recibirá a los extranjeros que quieran incorporarse a algún trabajo o estudio.
- A estos migrantes la Segob los incluirá en programas como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro.
La titular de la Segob complementó sobre la caravana migrante:
México no es solamente un país de tránsito, no es un país que dé un salvoconducto: es un país que abre sus puertas para incluir a las personas que quieran entrar y migrar a nuestro (territorio)".
Sánchez Cordero informó que convocó a una reunión para este jueves 16 de enero en las instalaciones de la Segob junto al secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard; al subsecretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Horacio Duarte, así como a integrantes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para tratar el tema de la próxima caravana migrante.
La caravana migrante que parte desde Honduras con destino a EU salió entre la noche del martes y madrugada del miércoles y se espera que durante la misma jornada llegue a Corinto, en la frontera con Guatemala. Se trata de la primera caravana de 2020, pero con escasas posibilidades de lograr su cometido, coincidieron funcionarios y defensores locales de derechos humanos.