El gobierno mexicano se comprometió a relanzar la investigación para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque no permitirá al grupo de expertos interrogar directamente a efectivos militares.
Eber Betanzos, subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo en una audiencia pública ante la CIDH que el gobierno acepta "plenamente" el informe elaborado por los cinco expertos.
Una de las especialistas, la colombiana Angela Buitrago, dijo en la misma audiencia que el Estado mexicano y el grupo de expertos llegaron la víspera a un acuerdo.
Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, dijo en la audiencia que será posible obtener información de los efectivos militares a través del Ministerio Público, pero dio a entender que los expertos no podrán tener un careo.
El acuerdo estipula que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR asumirá de forma exclusiva la investigación en reemplazo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO). De esta manera, la dependencia coordinará con los expertos los objetivos de un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego en el basurero de Cocula y la elección definitiva de los peritos.