La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados y senadores de oposición para impugnar las figuras de los delegados estatales, mejor conocidos como superdelegados , y las comisiones presidenciales especiales de investigación, contempladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El ministro instructor, Luis María Aguilar Morales, negó a los legisladores promoventes la suspensión de los efectos y consecuencias del decreto impugnado; asimismo, acumuló las demandas e instruyó a ambas Cámaras del Congreso, así como al presidente de la República, para que en un plazo de 15 días hábiles envíen el informe correspondiente al alto tribunal.
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