El presidente de la Compañía de Inversiones Mercantiles (CIMSA), Samuel Doria, informó qué solicitarán a autoridades estadounidenses un embargo de propiedades para Grupo de Cementos Chihuahua (GCC), quien se niega a pagar 36 millones de dólares por daños y prejuicios, luego de que se emitiera una sentencia en un tribunal de Colorado.
En un comunicado se informa que el caso fue litigado en Estados Unidos ya que CIMSA y GCC realizaron acuerdos y pagos en cuentas de ese país, por lo cual, CIMSA inició un arbitraje en Nueva York contra la cementera mexicana por vender sus acciones a Consorcio Cemento del Sur de Perú.
GCC y CIMSA iniciaron una sociedad comercial en el año 2005, dicha transacción se realizó en Miami, Estados Unidos, lugar donde firmaron el convenio y establecieron una serie de lineamientos entre los que destacan la libre transferencia de acciones a terceros; en donde se describe que en caso de que cualquiera de las dos partes decidiera vender, la primera opción de compra debería ser para su socio.
En el año 2011, GCC anunció a CIMSA, el retiro de sus acciones, por tal motivo, Soboce notificó la intención de buscar financiamiento para poder comprar los títulos; debido a esto, ambas partes llegaron a un convenio en el que GCC vendería a CIMSA el 44.02 por ciento del capital accionario por un precio de 99.7 millones de dólares.
A pesar del arreglo de compra con preferencia a favor de los socios bolivianos, GCC comenzó negociaciones por la venta de sus acciones con Consorcio Cemento del Sur de Perú.
Luego de esos hechos, la empresa CIMSA presentó una moción en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en la que solicitó confirmar el laudo arbitral de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), que condenó a Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B de C.V y GCC Latinoamérica, S.A de C.V a pagarle la suma de más de 36.1 millones de dólares por daños y perjuicios.
El veredicto de las autoridades de Estados Unidos fue favorable a CIMSA, sin embargo, GCC solicitó en Bolivia que el fallo fuera anulado con la finalidad de que se alargue el proceso, argumentando que las autoridades norteamericanas no tienen jurisprudencia, a fin de no cumplir la sentencia establecida.