La postura de Mario Delgado no es pacífica

Luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara a Morena eliminar la campaña que denomina como traidores de la patria” a quienes votaron en contra de la Reforma Eléctrica, su dirigente nacional, Mario Delgado informó que dicho partido acatará la medida dictada por la autoridad electoral.

Sin embargo, para nuestra analista Alejandra Cullen afirma que lo que está haciendo Mario delgado es, literal, acusar de un delito tipificado en el Código Penal a los legisladores de oposición.

Mario Delgado dice que Morena solamente está informando a la población cuando lo que está haciendo es literal, acusando de un delito que está tipificado en el Código Penal a los diputados de los partidos de oposición, eso, perdón, pero aquí y en China se llama persecución política.

Opina que es muy importante que los ciudadanos estén conscientes sobre lo que está sucediendo, pues ésa no es una postura pacífica ni una postura de información a la nación.

Eso se llama persecución y se llama, por supuesto, propaganda, porque lo que tienen enfrente son las elecciones de este verano y después la elección del Estado de México, que los debe de tener muy nerviosos para estar recurriendo a este tipo de tácticas divisorias y donde están haciendo llamados a la población de definirse entre blanco y negro.

El pasado 17 de abril, diputados desecharon en votación la reforma constitucional del sector eléctrico impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y rechazada por Estados Unidos.

Morena no logró la mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados para que se modificaran tres artículos de la Constitución.

Descalificaciones entre el oficialista Morena y una alianza de tres partidos de oposición marcaron la maratónica sesión.

La reforma planteaba delimitar la liberalización del mercado eléctrico, para revertir la “desaparición de las empresas energéticas del Estado” que provocó la reforma constitucional del 2013, según el presidente.

El gobierno mexicano argumenta que tras esa modificación, las empresas privadas nacionales y extranjeras reciben subsidios, mientras que los pequeños consumidores pagan altas tarifas.

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