La reciente controversia en México sobre los decretos presidenciales y su impacto en la transparencia y el cumplimiento constitucional ha generado un intenso debate. En un diálogo entre José Cárdenas y Carlos Elizondo Mayer-Serra, se abordaron los últimos acontecimientos sobre el acceso a la información y sus implicaciones.
José Cárdenas señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el decreto presidencial de noviembre de 2021 por una mayoría de 8 a 3. Sin embargo, el Gobierno respondió rápidamente con otro decreto más concreto sobre obras estratégicas. Expresó su preocupación de que este nuevo decreto también pudiera ser impugnado.
Carlos Elizondo por su parte explicó que el punto central es el objetivo del decreto original y su impacto en la transparencia. Destacó que la seguridad nacional no debe ser utilizada como excusa para ocultar información sobre las obras públicas del Gobierno. Hizo hincapié en que el derecho a la información es fundamental en una democracia y que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tiene la facultad de proporcionar información al pueblo mexicano.
Ambos coincidieron y mencionaron que la SCJN ha defendido el derecho de los ciudadanos a estar informados. Se subrayó la importancia de que los principios básicos sean consistentes una vez que un partido llega al poder. Sin embargo, señalan que el Gobierno ha debilitado el INAI al no nombrar a los comisionados faltantes.
Ambos destacaron que el Gobierno busca evitar los trámites y controles necesarios en la ejecución de obras públicas. Carlos Elizondo mencionó el caso del Tren Maya, donde la falta de estudios y la improvisación causaron problemas. Expresó la necesidad de planificación y transparencia para evitar la corrupción y respetar los derechos de los ciudadanos.
El Gobierno necesita cumplir con lo autorizado y respetar el Artículo sexto constitucional, que garantiza el derecho a la información. Sin embargo, mencionó que el Gobierno ha deshabilitado el INAI al no nombrar a los comisionados faltantes.
En cuanto al futuro, la SCJN podría atraer el caso, pero habrá un desgaste que esto podría generar. La solución radica en elegir a personas idóneas y evitar que los intereses políticos influyan en el proceso.
En resumen, se resalta la importancia de la transparencia y el cumplimiento constitucional en las decisiones gubernamentales. El debate subraya la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la rendición de cuentas y el acceso a la información en beneficio de la democracia y el interés público.
