En medio de un escenario cargado de controversia, el caso en el que la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel, ha generado un debate acalorado en la opinión pública. La reciente conversación entre José Cárdenas y Carlos Elizondo Mayer-Serra revela la preocupación por la falta de transparencia y la posible influencia política en el proceso legal.
El pleito en cuestión involucra a Edgar Ulises Báez, acusado de plagiar una tesis, siendo él el autor de la primera versión en tiempo. Sin embargo, sorprendentemente, la confrontación de versiones nunca tuvo lugar. Los abogados de la ministra presentaron su argumento, mientras que la otra parte se mantuvo en silencio, dejando un sabor a propaganda y falta de equidad.
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Carlos Elizondo enfatiza la necesidad de contar con la opinión de terceros profesores de la Universidad, expertos en distintos ámbitos y alejados de la política mexicana. Es evidente que un comité de ética imparcial, formado por personas sin intereses directos en el caso, podría brindar una visión objetiva y esclarecedora. Sin embargo, hasta ahora, solo se ha escuchado una versión y se ha impuesto una sentencia sin el debido escrutinio académico.
Por su parte, José Cárdenas menciona el silenciamiento de la UNAM, cuyo acceso a la información se encuentra limitado debido a los amparos presentados por la ministra. La pregunta que surge es si la ministra está dispuesta a levantar estas restricciones y permitir que la UNAM emita su opinión imparcial. La transparencia y el acceso a los académicos de renombre mundial podrían ser clave para dilucidar la verdad detrás de las acusaciones.
La situación se complica aún más debido a los vaivenes judiciales. Los amparos se levantaron en un principio, pero luego fueron nuevamente silenciados por un juez de la Ciudad de México. Esto solo alimenta las dudas sobre el uso selectivo de los recursos legales y la opacidad del proceso.
La turbiedad que rodea este caso revela sospechas de motivaciones políticas en juego. Carlos Elizondo hace un llamado directo a la ministra Esquivel para que levante la mordaza impuesta a la UNAM y permita que los académicos independientes dictaminen quién copió a quién. Solo a través de la transparencia y la participación de expertos desvinculados de la política se podrá alcanzar la justicia y despejar las dudas que rodean este caso.
En conclusión, el caso en el que la ministra Esquivel actúa como un jugador “súper local” en una cancha políticamente controlada plantea serias interrogantes sobre la imparcialidad y la transparencia del proceso. Es fundamental que la UNAM recupere su voz y que académicos independientes emitan su dictamen. Solo así se podrá revelar la verdad y garantizar la justicia en un asunto de gran relevancia para la sociedad mexicana.