El periodista Luis Rubio analiza la iniciativa de ley que se envió a la Cámara de Diputados para reformar al menos 25 leyes distintas que definen y regulan la forma de operar del Gobierno federal con el aparente propósito de brindarle más facultades en sus vínculos con el sector privado.
¿Cómo se compone la iniciativa del Ejecutivo y el sector privado?
En videocolumna para UnoTV.com, nuestro colaborador asegura que la iniciativa de ley “busca darle facultades al Gobierno para que pueda contratar o eliminar el contrato sin indemnización alguna a quienes están contratados” en el sector privado.
“Es una iniciativa que modifica la ley por medio de la cual los tratados internacionales tienen excepciones para la aplicación de leyes mexicanas. Es decir, si al Gobierno no le gusta una cosa que está haciendo una empresa extranjera que invirtió vía tratados internacionales, puede cancelarles su proyecto, inversión y contrato sin indemnización alguna”.
Luis Rubio
Por otro lado, nuestro columnista precisa que la iniciativa con respecto a las facultades del Gobierno con el sector privado busca que el Ejecutivo pueda eliminar contratos de obras públicas sin la obligación de indemnizar al contratante, por ejemplo, en la pavimentación de una calle.
¿Qué habría detrás de esta medida?
Luis Rubio menciona que el objetivo de fondo en esta iniciativa de ley es darle legalidad y continuidad a los proyectos que sostiene la administración en turno, dejando de lado las intenciones de las últimas cinco décadas que consistían en plantear reglas generales, neutrales e imparciales.
“Cada conflicto y cada caso que se presenta, el Gobierno negocia específicamente con la empresa para tratar de resolver el problema. En lugar de tener reglas generales para resolver el problema, busca soluciones para que la empresa le deba el favor al Gobierno y eso implica que el favor se le puede quitar”, dice el experto.
El analista reconoce vertientes positivas en la iniciativa sobre las facultades del Gobierno con el sector privado, pero señala que a largo plazo implica que “pararaía la inversión privada nacional y extranjera” en un contexto en el que la inversión principal es extranjera, motivada por la cercanía con Estados Unidos y los tratados que dan certidumbre a inversionistas.
“Si este último factor se modifica, todo lo demás queda en el aire”, remata Luis Rubio, destacando que la actual administración ha tenido un fuerte impacto negativo en crecimiento económico, del empleo e ingreso, algo que se puede corregir, aunque el proyecto de ley podría estancar una posible solución al cerrar las salidas de inversión a futuro.
