La legalidad, gran obstáculo del Plan México
En medio de una creciente preocupación por el debilitamiento del Estado de Derecho en México, se ha puesto en tela de juicio la viabilidad del llamado Plan México, propuesta de la presidenta para impulsar el desarrollo del país. El análisis fue realizado por Luis Rubio, quien expone los riesgos estructurales que enfrenta el país.
Desde el inicio del análisis, se establece una premisa clara: México nunca ha sido ejemplo de legalidad plena, pero durante años se construyeron mecanismos institucionales para generar certidumbre jurídica y atraer inversión. “Nunca hemos tenido un verdadero completo Estado de Derecho”, señala Rubio, aunque reconoce que existían formas y límites que los gobiernos respetaban.
El Tratado de Libre Comercio, creado bajo gobiernos priistas, fue uno de los pilares para ofrecer seguridad a los inversionistas. Sin embargo, los recientes cambios estructurales y la eliminación de órganos autónomos, como la Comisión de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), han deteriorado la confianza en el sistema.
“Lo que tenemos hoy en día es infinitamente peor, porque no tenemos ninguna fuente de certidumbre confiable”, afirma Rubio.
Uno de los puntos más críticos que señala Rubio es la reciente reforma judicial, percibida como un paso más hacia la concentración de poder. A esto se suma la neutralización de organismos como el INAI, encargado de garantizar la transparencia.
Además, advierte sobre el riesgo del T-MEC, ya debilitado tras la revisión impulsada por el gobierno de Donald Trump.
En este contexto surge el Plan México, un intento del actual Gobierno para reconfigurar las bases del desarrollo nacional. Sin embargo, Rubio cuestiona su viabilidad:
“El Plan México adolece de un problema muy fundamental: cómo generar certidumbre de que no se va a poder modificar, por ejemplo, la Constitución en cuestión de minutos”.
La falta de garantías mínimas para la inversión y el respeto a la legalidad son el gran reto estructural que enfrenta la actual administración. La única salida concluye Luis Rubio, pasa por una voluntad real de cambiar la manera de conducir los asuntos públicos y reconstruir la confianza institucional.
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