Entrega de bastones de mando abre intenso debate
La ceremonia de purificación y entrega de bastones de mando a los ministros de la Suprema Corte abrió un intenso debate por su simbolismo y repercusiones políticas. Mientras el gobierno lo presentó como un gesto de legitimidad y ruptura con el centralismo, especialistas lo calificaron como una banalización de tradiciones indígenas.
La analista política María Amparo Casar fue una de las voces más críticas. En entrevista, aseguró que este acto no solo descontextualiza un ritual de gran profundidad espiritual, sino que también refleja la tendencia a privilegiar la lealtad sobre la capacidad en la integración del Poder Judicial.
“El poder judicial no tiene nada que ver con los pueblos originarios”
Casar cuestionó de manera frontal la justificación simbólica detrás de la ceremonia: “El poder judicial no tiene nada que ver con los pueblos originarios muy respetables, con los grupos y las comunidades indígenas. Yo daría la vida porque tuvieran los derechos que merecen, pero no tiene nada que ver con la estructura del poder judicial”.
La analista consideró inapropiada la postura del nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, quien dijo que las “malas costumbres” motivaron el relevo: “No es una manera de despedir a los ministros anteriores, insultarlos de esa manera, decirles que tenían conductas lamentables y desastrosas y después ensalzar a los pueblos indígenas”.
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Para Casar, la idea de que la nueva Corte acabará con los vicios del pasado carece de sustento. “Se dio la justificación de que se acabe el nepotismo, la corrupción y los privilegios, pero nada más lejos de la verdad para haber sustituido un poder judicial como el saliente”, afirmó.
La presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción recordó datos preocupantes: “Hoy, en esta Corte y en los más altos órganos jerárquicos como el Tribunal de Disciplina o el Tribunal Electoral, cinco de nueve ministros, es decir, el 56%, sí tienen contratos con el sector público o familiares en el gobierno. En el Tribunal de Disciplina este porcentaje sube a 60%, y en la Sala Superior del Tribunal Electoral llega al 71%”.
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Casar advirtió que el proceso de selección debilitó aún más a la institución: “De los 881 cargos sorteados, solo 376 quisieron participar. De los que eran de carrera, únicamente 80 ganaron. Vamos a tener un poder judicial verdaderamente desmantelado en sus capacidades”.
La analista cerró su crítica subrayando que lo que debería importar no es la lealtad política ni el simbolismo ceremonial, sino la capacidad de los ministros para interpretar la Constitución sin subordinación al Ejecutivo.
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