“Será Viral”: Asesinatos de Fernandito y Dulce reflejan la grave violencia contra la infancia en México
En menos de una semana, dos asesinatos de menores de edad cimbraron al Estado de México y encendieron la alarma sobre la violencia que atraviesa el país. El primero fue el de Fernandito, un niño de cinco años de Los Reyes La Paz, asesinado debido a que su madre tenía una deuda de apenas mil pesos. Días después, en Chalco, Dulce, una niña de 12 años, perdió la vida cuando dos sujetos rafaguearon su casa en la madrugada.
Estos crímenes no solo estremecieron por su brutalidad, sino porque abrieron un debate sobre si se trata de casos aislados o de un patrón de violencia contra la niñez mexicana. Para analizarlo, se reunieron Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, y José Pablo Balandra, director de operaciones de Reinserta.
La violencia en México es una epidemia
Juan Martín no dudó en describir la situación con crudeza: “La Organización Mundial de la Salud considera la violencia una epidemia de salud pública, y México la padece desde hace más de 18 años con un saldo de más de medio millón de asesinados”.
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En el caso de la infancia, los datos son desgarradores: más de 26 mil niños, niñas y adolescentes han sido asesinados entre 2015 y mayo 2025. De ellos, 14 mil ocurrieron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y más de mil 600 en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum.
“Hablamos de un promedio de seis a siete homicidios de menores cada día. No todos son virales como Fernandito o Dulce; la mayoría quedan ocultos en el mar de sangre y violencia”, advirtió.
El especialista también señaló que el Estado de México concentra la mayor cantidad de desapariciones de niñas, alrededor del 25% del total nacional, además de liderar en feminicidios y violencia familiar. “El Estado de México es un paraíso de impunidad y corrupción”, resumió.
“Una violencia normalizada”
Por su parte, José Pablo Balandra coincidió en que la violencia se ha instalado en la vida cotidiana: “En testimonios de jóvenes en proceso de reinserción vemos cómo ya se asume la violencia como un código para resolver conflictos”.
El director de operaciones de Reinserta subrayó la dificultad de las familias para acceder a justicia: “Denunciar es un infierno. Las fiscalías son lugares poco amigables y altamente revictimizantes. Es una invitación a no pisarlas”.
Balandra enfatizó otro problema creciente: el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos criminales. “Estamos aterrados. No hay una estrategia clara para prevenir que los niños caigan en manos de la delincuencia organizada. Necesitamos guías que ayuden a padres y cuidadores a identificar riesgos”, alertó.
Fiscalías y justicia: un muro contra las víctimas
Ambos especialistas coincidieron en que el sistema de justicia es incapaz de responder. Pérez señaló que las fiscalías, pese a haber sido declaradas autónomas, siguen siendo “capturadas por las élites políticas”.
“No hay 26 mil sentencias por los 26 mil niños asesinados. Todo lo que queda impune es una invitación para repetirse. El nivel de impunidad ronda entre el 90 y el 95%”, puntualizó.
Balandra añadió que la respuesta institucional suele ser insuficiente y burocrática: “En lugar de fortalecer capacidades, crean nuevas unidades como reacción a regaños desde Palacio Nacional. Eso no resuelve nada”.
Prevenir antes que llorar
En la conversación también se abordó la falta de programas específicos para proteger a la infancia de la violencia. Mientras existen campañas contra el consumo de drogas o las extorsiones, no hay políticas focalizadas para frenar homicidios de menores.
Reinserta prepara una guía para padres y maestros que busca prevenir el reclutamiento de niños. “Estamos llegando a un punto donde tenemos que dar a las familias herramientas para identificar banderas rojas y proteger a sus hijos”, dijo Balandra.
Juan Martín recordó la existencia del SIPINNA, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que debería coordinar a todo el Estado mexicano para prevenir la violencia. Sin embargo, está prácticamente inoperante: “Hace más de cinco años que no sesiona. Si la presidenta Claudia y los gobernadores cumplieran con lo que la ley marca, ya tendríamos avances”.
Indignante e inhumano
Ambos expertos coincidieron en que el presupuesto para la infancia es insuficiente. Según Balandra, debería rondar los 2 billones de pesos anuales, pero apenas alcanza un billón. “El dinero no se está dirigiendo a donde más se necesita: fiscalías, procuradurías y mecanismos de protección”.
En sus palabras finales, la indignación quedó plasmada. Para Juan Martín, lo ocurrido con Fernandito y Dulce solo se puede describir en una palabra: “Indignante”. Para José Pablo Balandra, la definición es: “Inhumano”.
Dos términos que reflejan la tragedia de un país donde la violencia arrebata vidas infantiles todos los días y donde, como advirtió Pérez, “no podemos normalizar la violencia; debemos exigir a las autoridades que cumplan con la ley y asumir la corresponsabilidad como sociedad”.
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