A todos nos conviene que haya un sistema de justicia que sí funcione

La iniciativa en materia de justicia refiere desesperación: Rubio. | Foto: SCJN

Luis Rubio reflexiona sobre la iniciativa en materia de justicia que ha propuesto adoptar el gobierno mexicano y opina que ésta sugiere que existe una gran desesperación debido a que los indicadores en materia de justicia, criminalidad y violencia, no van por buen camino.

Ante esto, nuestro colaborador cuestiona si lo correcto podría ser "poner mano dura".

En el pasado el país vivió bajo la férula de un partido muy fuerte y autoritario y no había violencia, pero la razón de esto es que había un gobierno eficaz que lograba satisfacer las necesidades básicas de la población". Luis Rubio, analista

En opinión del experto, "hoy es más complicado satisfacer dichas necesidades y por tanto se requiere de un sistema de justicia moderno".

No obstante, Rubio indica que la transición que se realizó en México hacia el juicio oral, como parte de la actualización del sistema de justicia, no ha dado los resultados esperados.

Lo que necesitamos es encontrar la manera de acelerar el paso hacia ese sistema o encontrar uno que sí funcione". Luis Rubio, analista

El analista cree que elevar el nivel de autoritarismo y control sólo conseguirá que haya más injusticia y desesperación en el gobierno y la población.

Eso es lo único que el país simplemente no puede aguantar, a todos nos conviene que haya un sistema de justicia que sí funcione". Luis Rubio, analista

¿Qué pasa con la iniciativa de reforma al sistema de justicia?

De acuerdo con el anteproyecto de reformas que se presentó el miércoles, 15 de enero en el Senado de la República, potencia la figura del arraigo en caso de corrupción y delincuencia organizada; además dan valor probatorio en un juicio a evidencias ilegalmente obtenidas y elimina a los jueces de control. 

Tratándose de delitos de delincuencia organizada, corrupción o casos de relevancia social, los plazos del arraigo se duplican de 40 a 80 días.

En el caso de las pruebas ilícitas, éstas podrán ser tomadas en cuenta por un juzgador en un proceso penal, cuándo existan atenuantes sobre su ilicitud o provengan de una fuente independiente.

Por otra parte, las reformas quitan atribuciones al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pues ahora los jueces y magistrados especializados en materia de responsabilidad penal serán ratificados por el Senado, a propuesta de una terna que proponga el presidente de la República.

También establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estará a cargo de la administración de los juzgados y tribunales especializados en materia de responsabilidad penal, pero la vigilancia y disciplina de sus titulares recaerá en el Senado de la República.

Asimismo, los jueces y magistrados especializados en materia de responsabilidad penal podrán nombrar y remover a los respectivos funcionarios y empleados de los tribunales y juzgados especializados.