Para nuestra analista María Amparo la resolución del Senado y la Cámara de Diputados fue muy buena. "Ábamos por una ley y salimos con siete que constituyen el Sistema Nacional Anticorrupción", pero el absurdo artículo 32 no existía.
La propuesta original se basa en que los particulares que tengan responsabilidad al incurrir en actos de corrupción con el gobierno, sean sancionados, sin embargo: nada podrá ocurrir si no hay voluntad política e instituciones que denuncien, persigan y sancionen.