Ley Bonilla, "prueba de fuego" de la SCJN

Ante la decisión de la SCJN se realizarán elecciones en la entidad en 2021. Foto: Cuartoscuro

El actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, terminará su mandato en el año 2021 y no en el 2024, luego de que, por unanimidad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararan inconstitucional el artículo octavo transitorio que el Congreso del estado aprobó para ampliar de dos a cinco años el mandato en la gubernatura, lo cual fue conocido como Ley Bonilla.

Martha Anaya analiza dicha resolución y opina que había "varias razones por las que era importante seguir la decisión de la SCJN, más allá de conocer el destino del gobernador.

Las razones tienen que ver con la independencia de la Suprema Corte".

Y expone que antes de esta conclusión había dudas sobre la independencia del máximo órgano judicial por la conocida relación que existe entre Bonilla y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue de los primeros personajes (Bonilla) que apoyó a Andrés Manuel hacia la presidencia, por ahí del 2003".

"Nunca lo dejó de la mano, lo invitaba a ver el béisbol al otro lado de la frontera. Una amistad entrañable y solidaria", señala la periodista.

Anaya concluye que ante este panorama, la Ley Bonilla era "la prueba de fuego de la SCJN".

En charola de plata la Suprema Corte se lució y vaya que así fue. El discurso del ministro presidente será recordado como uno de los más duros que se haya escuchado entre esas cuatro paredes".

Invalida Ley Bonilla

Ante la decisión tomada con relación a la Ley Bonilla se realizarán elecciones en la entidad en 2021,  como en 14 estados más, donde se renovarán gubernaturas.

"Se llevó a cabo toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la constitución para violar la Constitución, usando las herramientas de la democracia para minar la democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático..." declaró Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN.

Zaldívar Lelo de Larrea reiteró que dicha modificación constituye un fraude poselectoral que se traduce en un efecto corruptor que mina la democracia.