Trump prepara ampliación de represión migratoria en 2026 pese a reacción política

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está preparando para una ofensiva migratoria más agresiva en 2026 con miles de millones de dólares en nuevos fondos, que incluirán redadas en más lugares de trabajo y en barrios de grandes ciudades estadounidenses.
Estas medidas avanzan mientras aumenta la reacción política antes de las elecciones de mitad de período del próximo año, con encuestas que muestran una caída en la aprobación presidencial sobre la política migratoria y resultados locales que reflejan el descontento de parte del electorado.
Trump y la represión migratoria con nuevos fondos en 2026
Los fondos destinados a ICE y la Patrulla Fronteriza ascienden a 170 mil millones de dólares, tras la aprobación de un paquete de gastos masivo por parte del Congreso controlado por republicanos en julio.
Esta cifra representa un aumento significativo sobre los presupuestos anuales existentes de alrededor de 19 mil millones de dólares. Funcionarios de la administración confirmaron la intención de contratar miles de agentes adicionales, abrir centros de detención, incrementar el uso de cárceles locales y contratar empresas externas para el rastreo de personas sin estatus legal.
La política incluye más redadas en lugares de trabajo. Hasta este año, los agentes federales habían realizado operaciones de alto perfil principalmente en negocios, evitando allanar granjas, fábricas u otras industrias consideradas económicamente importantes. La administración sostiene que, con nuevos recursos, las acciones en centros laborales se ampliarán.
Esta estrategia ocurre mientras ciudades como Miami registran cambios electorales. La ciudad eligió a su primer alcalde demócrata en casi tres décadas, con el tema migratorio presente en el discurso del alcalde electo. Encuestas recientes señalan preocupación entre votantes que expresan rechazo a tácticas consideradas agresivas, como el rastreo en barrios y el despliegue de agentes enmascarados.
Represión migratoria y reacción política rumbo a 2026
Datos oficiales muestran que el índice de aprobación respecto a la política migratoria de Trump descendió del 50% en marzo al 41% en diciembre. Durante este periodo, agentes federales realizaron operaciones en barrios y espacios públicos, empleando gas lacrimógeno y realizando detenciones que incluyeron ciudadanos estadounidenses.
La administración ha retirado estatus legal temporal a haitianos, venezolanos y afganos, ampliando la población susceptible a deportación. La meta anunciada por Trump es expulsar a un millón de inmigrantes cada año. Desde enero, fecha de inicio de su mandato, se han deportado 622 mil personas.
Tom Homan, zar fronterizo, señaló que la operación ha cumplido con la promesa presidencial de expulsión de delincuentes y frenar la inmigración ilegal. Agregó que los arrestos crecerán a medida que se contrate más personal y se amplíen las detenciones.
Analistas como Sarah Pierce, del grupo Third Way, indicaron que las empresas podrían posicionarse públicamente si las redadas se dirigen a empleadores. El sector empresarial, particularmente en industrias que emplean grandes volúmenes de trabajadores, podría resentir efectos económicos.
Planes para empleadores y efectos tras la represión migratoria
El plan para inspecciones laborales presenta riesgos económicos debido al posible incremento en costos de reemplazo de trabajadores. Esto podría impactar especialmente en industrias agrícolas y manufactureras, sectores señalados previamente por emplear inmigrantes sin estatus legal.
Reportes indican que algunas empresas cerraron temporalmente para evitar redadas o por pérdida de clientes. Familias en riesgo de arresto han modificado rutinas, dejando hijos en casa o evitando espacios públicos. El gobierno sostiene que las acciones se centran en criminales, pero datos oficiales muestran que el 41% de los detenidos a finales de noviembre no registraban antecedentes penales.
Además, la administración ha actuado contra inmigrantes con procesos legales vigentes, como cónyuges de ciudadanos estadounidenses en entrevistas de tarjeta verde, cancelaciones en ceremonias de naturalización y revocación de visas de estudiantes.
Defensores de políticas más estrictas como Jessica Vaughan señalaron que la aplicación laboral generará cambios en los empleadores, quienes podrían ajustar sus prácticas para evitar sanciones.



