Jubilados protestan en el Senado contra tope a “pensiones doradas”

Integrantes de la Nueva Alianza Nacional de Jubilados, conformada por extrabajadores de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y Banobras, se manifestaron frente al Senado de la República para exigir la suspensión de la reforma que establece un tope a las llamadas “pensiones doradas”.
Los manifestantes señalaron que esta medida vulnera derechos adquiridos, al tratarse de prestaciones obtenidas tras años de servicio y respaldadas por contratos colectivos.
Jubilados piden frenar reforma y revisar casos de abuso
El vocero del movimiento, Enrique Velázquez, explicó que la exigencia principal es detener la aplicación de la reforma y realizar una investigación puntual sobre posibles irregularidades:
“… El objetivo es que se detenga la aplicación de esa reforma… que se haga la investigación… y que a quien esté abusando se le aplique la ley… pero nosotros no, a nosotros se nos aplicó la ley hasta llegar a nuestra jubilación y ahora no salgan con esta sorpresa.”
Denuncian aplicación anticipada sin reglas claras
Los inconformes advirtieron que, pese a que no se han publicado leyes secundarias, en algunas instituciones ya se han registrado reducciones en las pensiones.
“… No se han publicado leyes secundarias… sin embargo, ya en algunas instituciones ya se aplicó la reducción.”
Señalan que esta situación genera incertidumbre y podría afectar a miles de jubilados.
Alertan sobre posible retroactividad de la reforma
Los manifestantes también pidieron que se garantice la no retroactividad de la ley, al considerar que aplicar cambios a pensiones ya otorgadas violaría principios legales básicos.
“… La no aplicación de esa retroactividad a esa ley… y que tengan los elementos para analizar toda la estructura de la propuesta…”
Aseguran que no son privilegios, sino derechos laborales
Los jubilados insistieron en que las pensiones no deben considerarse privilegios, sino derechos laborales consolidados tras décadas de trabajo en el sector público.
Advirtieron que, de mantenerse la aplicación de la reforma en las condiciones actuales, se podría vulnerar la certeza jurídica de los trabajadores retirados.
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