Tribunal Supremo español condena al fiscal general a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

El fiscal general español fue condenado este jueves a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo y una multa por violar el secreto judicial, un revés importante para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien lo defendió reiteradamente.
Nombrado en 2022 por el Gobierno encabezado por el presidente Pedro Sánchez, García Ortiz enfrentó un juicio acusado de filtrar datos relativos al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La resolución también contempla una indemnización de 10 mil euros a González Amador.
La sentencia ocurre en un contexto donde otras investigaciones judiciales involucran a personas del entorno del presidente Sánchez.
Tribunal Supremo y condena al fiscal general
El Tribunal Supremo determinó la inhabilitación de Álvaro García Ortiz por considerar que la difusión del contenido de conversaciones entre la fiscalía y el abogado de González Amador representó una vulneración del secreto judicial. El caso se originó en febrero de 2024, cuando la fiscalía denunció al empresario por presunto fraude fiscal de 350 mil euros cometido durante la pandemia.
En marzo del mismo año, diversos medios publicaron detalles de un posible acuerdo para que González Amador se declarara culpable con el fin de evitar prisión, lo que provocó que el empresario acudiera a tribunales al considerar que la filtración afectaba su situación procesal.
Durante el juicio, periodistas que declararon ante el tribunal señalaron que el fiscal general no fue quien facilitó la información divulgada. La fiscal del caso, María Ángeles Sánchez Conde, solicitó la absolución de García Ortiz al considerar que no había cometido un acto punible.
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Reacciones del Gobierno de España y de la oposición
Tras la resolución del Tribunal Supremo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, afirmó en un mensaje público que el Gobierno respeta la sentencia, aunque no la comparte. Añadió que iniciarán el proceso para designar a la persona que ocupará el cargo de fiscal general.
Bolaños enfatizó que la discrepancia con la sentencia no debe interpretarse como una desconfianza hacia las instituciones judiciales, señalando que España cuenta con mecanismos para atender diferencias con decisiones de tribunales.
Desde la oposición, las reacciones incluyeron declaraciones de los líderes del Partido Popular (PP) y de Vox. Alberto Núñez Feijóo señaló que por primera vez en democracia un fiscal general es condenado en el ejercicio del cargo y exigió al presidente Sánchez disculparse y respetar el fallo. Miguel Tellado, secretario general del PP, dijo que la inhabilitación del fiscal general implica consecuencias políticas para el Ejecutivo. Santiago Abascal, dirigente de Vox, también emitió mensajes críticos.
Caso González Amador y su proceso pendiente
El proceso que originó la filtración continuará, pues González Amador será juzgado por presunto fraude fiscal. El empresario mantiene su postura de que la difusión de información afectó su defensa y que la filtración estuvo dirigida a perjudicar a la presidenta madrileña.
La sentencia del Tribunal Supremo se integra así a un conjunto de causas judiciales que rodean al entorno político del Gobierno, sin que hasta el momento se definan nuevas fechas para el juicio pendiente del empresario.



