Abogado de Javier Duarte: “Nunca lo acusaron de robarse un solo peso”

| 13:48 | José Pablo Espíndola | Uno TV

En entrevista para “A las nueve en Uno“, el abogado Pablo Campuzano, defensor del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguró que su cliente ya debería obtener la libertad anticipada, pues ha cumplido más del 95% de su condena y reúne todos los requisitos legales establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

“Más allá de podría, yo me concentré más en debería. Y debería, conforme a la ley, la respuesta es sí. La Constitución y la Ley Nacional de Ejecución Penal le prometen a cualquier ciudadano que, si cumple seis requisitos muy puntuales, puede salir al cumplir el 70% de la pena. Javier Duarte tiene el 95.04%”, dijo su abogado.

Campuzano explicó que el beneficio preliberacional que se solicita no es un privilegio, sino un derecho previsto en la ley. “Lo que estamos buscando es que se respete la Ley. Que se conceda este beneficio, esta promesa constitucional que se hizo en su favor”, señaló.

Además, insistió en que el caso debe tratarse con estricto apego al Estado de derecho, sin consideraciones políticas o mediáticas:

“Con todos los golpes que ha recibido el Poder Judicial, creo que sería un buen mensaje el respeto al Estado de derecho, independientemente del caso del que se trate”, enfatizó.

“Nunca acusaron a Javier Duarte de robarse un peso”

Durante la entrevista, Campuzano hizo un repaso de los delitos por los que Duarte fue procesado. “Nunca acusaron a Javier Duarte de haberse robado un peso. Lo acusan de lavado de dinero y empezó como delincuencia organizada, pero tan no había elementos que la Fiscalía solicitó un procedimiento abreviado”, explicó.

El abogado subrayó que Duarte aceptó ese procedimiento “por cuestiones políticas” durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Además, negó categóricamente las acusaciones mediáticas sobre el caso de los niños con cáncer en Veracruz.

“Nunca ha existido un acto administrativo, una carpeta de investigación ni un proceso por ese tema. Fue una campaña de desprestigio durante el bienio de Miguel Ángel Yunes. ¿Qué peor se puede inventar que meterse con niños, y peor aún, niños con cáncer?”, dijo.

Según Campuzano, incluso el entonces secretario de Salud, José Narro, revisó personalmente las pruebas y determinó que no hubo tal delito ni hechos dolosos:

“Fue un error administrativo sancionado, pero ni siquiera ocurrió durante el gobierno de Duarte, sino en el de Fidel Herrera”, aseguró.

Desaparición forzada: “Nunca lo acusaron de desaparecer a alguien”

Respecto al proceso por desaparición forzada, el abogado aclaró: “Nunca lo acusaron de desaparecer a alguien. Lo acusaron de entorpecer una investigación”.

El caso, dijo, se basó en el testimonio de un testigo que luego se comprobó había sido torturado, lo que llevó al sobreseimiento del proceso:

“Existió protocolo de Estambul. Incluso el fiscal Jorge Winckler está en la cárcel por la tortura en ese asunto. No puede estar bien con Dios y con el diablo. Si existe tortura, es prueba ilícita”, señaló.

“La presión mediática sí influye”

Campuzano reconoció que el caso de Duarte ha estado marcado por una fuerte presión mediática y política.

“La exposición mediática pone nerviosas a ciertas autoridades, sobre todo jurisdiccionales. Las acusaciones de corrupción tristemente entran en cuestiones jurídicas cuando no deberían. Tenemos un Estado de derecho: si los requisitos se cumplen, debe haber consecuencias jurídicas, no políticas”, afirmó.

Sobre la audiencia programada para el miércoles, el abogado explicó que no existen obstáculos jurídicos para que Duarte salga libre, pero sí una “resistencia política” por parte de la Fiscalía General de la República.

“La Fiscalía parece considerar que si se concede este beneficio, es una derrota para ellos. No puede una autoridad ver el cumplimiento de la ley como una derrota”.

Recordó además que, por su extradición desde Guatemala, no podrían iniciarse nuevos procesos penales sin autorización de ese país.

“Lejos de la impunidad, Duarte es el único que ha pagado una pena”

Campuzano respondió también a quienes consideran que la eventual liberación de Duarte sería sinónimo de impunidad: “Lejos de la impunidad, es de los pocos casos donde un asunto tan mediático derivó en una condena aceptada por el propio imputado. Es el único que ha pagado una pena. Los demás casos siguen en proceso y no hay una sola sentencia condenatoria”.

Además, insistió en que nunca se acreditó el supuesto dinero lavado: “En la audiencia de 2017, el licenciado Marco del Toro preguntó, ‘¿dónde está el dinero de Veracruz?’, y nunca pudieron demostrarlo. No existe una propiedad ni una cuenta a su nombre; tan es así que el Tribunal Unitario revocó el decomiso”.

“Hoy defiendo a un padre que quiere reunirse con sus hijos”

En una parte más personal, el abogado describió a un Duarte distinto al que se recuerda de la política: “Hoy yo defiendo a un papá que quiere reunirse con su familia. No busca un cargo ni un interés político. Lleva sin ver a sus hijos desde 2016. Lo que quiere es regresar con ellos”.

Campuzano añadió que Duarte no goza de privilegios en prisión y desmintió versiones sobre supuestas fiestas o lujos en el reclusorio: “No hubo una fiesta con alcohol ni mariscos. Javier Duarte no toma desde 2016. Lo que sí hizo fue regalar sus cosas, porque ve la posibilidad de salir”.

Sobre la actividad en redes sociales del exgobernador, aclaró que no maneja personalmente su cuenta de X: “Él dicta los mensajes por teléfono. No puede tener celular. Hay una persona con acceso a su cuenta que publica lo que él dicta”.

El cierre de un ciclo

De cara a la próxima audiencia, Campuzano confía en que la decisión se base en la ley y no en la política. “Jurídicamente los requisitos están cumplidos. Tenemos documentos que lo acreditan. La preocupación real es política. Pero el cumplimiento de la ley nunca puede ser visto como una derrota”.

El abogado concluyó al señalar que la condena de nueve años fue solicitada por la propia Procuraduría en 2018, durante el Gobierno de Peña Nieto, antes de que López Obrador asumiera la Presidencia.

“Hay que preguntarse por qué la Procuraduría pidió una reducción de la sentencia sabiendo que ya había ganado Andrés Manuel. Posiblemente, porque representaba una amenaza para ciertas personas”, sostuvo.

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