Caso Leidy y Alexa: vinculan a 13 militares por asesinato de dos niñas en Sinaloa

A casi un año de los hechos, 13 elementos del Ejército mexicano fueron vinculados a proceso por el homicidio de dos niñas, Leidy y Alexa, ocurrido en Sinaloa, así como por la tentativa de homicidio contra otros integrantes de su familia.

El caso, que involucra a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), pone en el centro del debate el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la capacidad de las autoridades para garantizar justicia.

¿Cómo ocurrió el ataque contra la familia?

Los hechos se remontan al 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, en Sinaloa. La familia viajaba en una camioneta rumbo a la escuela cuando, tras encontrar un bloqueo en el camino, decidió regresar a su domicilio.

En ese momento, un convoy militar abrió fuego contra el vehículo sin previo aviso. En un inicio, las autoridades señalaron que se trató de un enfrentamiento, versión que no fue corregida posteriormente.

Como resultado, murieron Leidy y Alexa, de 11 y 7 años, respectivamente, y otras personas resultaron heridas.

Proceso judicial y acusaciones

El pasado 6 de abril de 2026, un juez federal dictó auto de vinculación a proceso contra los 13 militares por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que apuntan a un uso ilegal y arbitrario de la fuerza, al no cumplirse con lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

El juez determinó que los elementos actuaron bajo la figura de dolo eventual, al considerar que, por su capacitación, podían prever el resultado letal de disparar contra la camioneta.

Argumentos de la defensa y contexto

Las defensas de los militares argumentaron que los elementos actuaron en un contexto de violencia en Sinaloa, bajo tensión y alerta constante.

Sin embargo, el juzgador concluyó que no existían elementos que justificaran el uso de la fuerza letal en este caso.

Exigencia de justicia y retos para las autoridades

Las familias de las víctimas han denunciado desde el inicio el uso indebido de la fuerza y han exigido justicia, acompañadas por organizaciones de derechos humanos.

El caso representa un desafío para la FGR y el Poder Judicial de la Federación, que deberán garantizar una investigación diligente y un proceso apegado a estándares de derechos humanos.

También reabre el debate sobre la militarización y la necesidad de evitar la repetición de hechos similares, en un contexto donde persisten señalamientos de impunidad en casos que involucran a fuerzas castrenses.

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