De prófugo a casi libre: el caso de corrupción de Javier Duarte
Por años, el nombre de Javier Duarte de Ochoa ha sido sinónimo de corrupción, desvío multimillonario de recursos públicos y un símbolo de la impunidad política que marcó al México de la última década.
Hoy, a casi nueve años de su detención en Guatemala, el exgobernador de Veracruz busca obtener libertad anticipada, argumentando buen comportamiento y el cumplimiento de más del 70% de su condena. Pero su historia, marcada por excesos, redes criminales y omisiones institucionales, está lejos de cerrarse.
De promesa política a prófugo internacional
Nacido el 19 de septiembre de 1973 en Veracruz, Duarte forjó un buen currículum académico: licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con maestrías en Derecho, Economía y Políticas Públicas por la Universidad Complutense de Madrid y en Gestión Pública Aplicada por el Tecnológico de Monterrey. Mientras que su carrera política fue construida al amparo de Fidel Herrera Beltrán, su mentor y padrino político,
De asesor en la Secretaría de Gobernación en los años 90, Duarte escaló posiciones hasta ser secretario de Finanzas de Veracruz y, en 2010, gobernador del estado bajo la coalición PRI-PVEM. Su triunfo electoral fue arrollador: más de 1.3 millones de votos y un Congreso local con mayoría priista que le permitió gobernar sin contrapesos.
Pero bajo esa fachada de modernidad y eficiencia administrativa, Duarte orquestó una de las redes de desvío de recursos públicos más grandes en la historia reciente de México.
La arquitectura del saqueo
Entre 2010 y 2016, de acuerdo con investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y medios nacionales, el gobierno de Duarte habría desviado, aproximadamente, más de 73 mil millones de pesos del erario estatal.
Los desvíos se realizaban mediante una red de empresas fantasma —al menos 73 detectadas— que recibieron contratos por 645 millones de pesos para supuestas obras y apoyos sociales que nunca se concretaron. En los domicilios fiscales registrados se encontraron casas abandonadas, terrenos baldíos o pequeños locales inexistentes.
A esto se suman 35 mil 421 millones de pesos desviados de fondos federales y estatales, de acuerdo con datos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR); 14 mil 200 millones de daño patrimonial reportado por el Congreso de Veracruz; y 8 mil 146 millones sin justificar en la Secretaría de Educación estatal. Incluso la Cruz Roja fue víctima del esquema, ya que se reportaron 9 millones de pesos recaudados mediante la tenencia vehicular nunca fueron entregados.
En noviembre de 2016, tras revelarse el escándalo y con órdenes de aprehensión en curso, Duarte huyó del país. Seis meses después fue capturado en un hotel de lujo en Panajachel, Guatemala, junto a su esposa Karime Macías, célebre por su frase escrita en una libreta: “Sí merezco abundancia”.
Una red de complicidades y silencios
El saqueo no fue obra de un solo hombre. Documentos judiciales y testimonios vinculan a más de 30 funcionarios, entre ellos Tarek Abdalá, exsecretario de Finanzas y hoy diputado federal con fuero; Moisés Mansur, señalado como el principal testaferro; y José Janeiro, abogado que coordinó operaciones financieras y adquisición de propiedades, entre ellas el rancho “Las Mesas” en el Estado de México.
De todos ellos, solo uno ha sido detenido. La mayoría continúa prófuga o amparada por cargos legislativos.
Incluso la propia Karime Macías fue señalada por dirigir operaciones financieras y adquirir bienes inmuebles con dinero público, como cuatro departamentos en el St. Regis de Nueva York, pero nunca ha sido procesada en México. Actualmente reside en Londres, desde donde libra su propio proceso de extradición.
La caída y el acuerdo judicial
Tras su extradición en 2017, Duarte enfrentó cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, los delitos fueron reclasificados a asociación delictuosa, una figura menos grave que le permitió negociar un procedimiento abreviado.
El resultado fue una condena de solo nueve años de prisión y una multa simbólica de 58 mil pesos, sin obligación de reparar el daño al erario.
Organizaciones como TOJIL denunciaron que este acuerdo fue, en sí mismo, otro acto de corrupción, pues implicó un trato preferencial por parte de los fiscales. En 2019, un juez federal reconoció a TOJIL como víctima colectiva de corrupción, un precedente histórico para la sociedad civil mexicana.
El ocaso y la posible libertad
Con más de ocho años tras las rejas en el Reclusorio Norte, Duarte argumenta haber cumplido el 70% de su condena, por lo que busca acceder a libertad anticipada. Su audiencia está programada para el 12 de noviembre de 2025, a pocos meses de que su sentencia expire oficialmente en abril de 2026.
La Fiscalía General de la República (FGR) se opone al beneficio, alegando la gravedad del daño causado y el impacto social del caso. No obstante, al haber sido absuelto del delito de desaparición forzada en 2024, ya no enfrenta procesos adicionales.
De concedérsele la libertad, Duarte saldría sin haber devuelto un solo peso de los miles de millones desviados, sin enfrentar nuevas causas y con su red política prácticamente intacta.
