Diputados prohíben vapeadores: dictamen avala castigos de hasta 8 años de cárcel
El Congreso avanzó en la aprobación del dictamen que prohíbe los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en todo México. La propuesta deriva de una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo, aseguran, es reforzar la rectoría del Estado en salud, proteger a la población y enfrentar los riesgos asociados al uso de estos productos.
El dictamen incorpora un nuevo capítulo en la Ley General de Salud para reconocer al vapeo como una amenaza a la salud pública. Con ello, se abre camino a políticas integrales destinadas a reducir su consumo, proteger a grupos vulnerables y aplicar el principio de precaución en la gestión de riesgos sanitarios.
El documento define a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos como aparatos que calientan o vaporizan sustancias tóxicas, con o sin nicotina, distintas al tabaco, y que pueden ser inhaladas por las personas consumidoras.
Prohibiciones y sanciones por uso y comercio
El dictamen establece la prohibición total en México de actividades relacionadas con estos productos: producción, almacenamiento, importación, exportación, venta, distribución y suministro. También quedan prohibidos todos los actos de publicidad o propaganda en medios impresos, digitales, radio y televisión.
La autoridad sanitaria podrá realizar verificaciones, aplicar medidas de seguridad y disponer de estos productos. Además, se contemplan sanciones de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor de la UMA para quienes comercialicen o promuevan estos dispositivos.
Cambios para la salud digital e infraestructura médica
El dictamen también refuerza la coordinación del Sistema Nacional de Salud, encabezado por la Secretaría de Salud, que deberá planear el abasto de medicamentos, equipo médico de alta tecnología y supervisar los procesos de compras consolidadas.
Incluye promover el uso de telesalud, telemedicina, salud móvil y registros electrónicos, así como integrar una base nacional de información en salud para evaluar desempeño y planear políticas públicas. También se crea un marco para comités de bioética, bioseguridad y ética en investigación.
Para la discusión artículo por artículo, se presentaron propuestas de modificación a diversos apartados de la Ley General de Salud y a artículos transitorios que abarcan infraestructura, productos sanguíneos, medicina regenerativa e insumos médicos.
