El caso de las empresas fantasma en Veracruz que marcó el sexenio de Javier Duarte
Funcionarios del Gobierno de Veracruz, cercanos al entonces gobernador Javier Duarte, entregaron 645 millones de pesos a una red de empresas fantasma que supuestamente venderían productos destinados a población vulnerable. Los contratos fueron asignados entre 2012 y 2013 por dependencias estatales como la Sedesol, el DIF, Educación y Protección Civil, pero no hay constancia de que los apoyos —como cobijas, alimentos, materiales o útiles escolares— hayan llegado a su destino.
De acuerdo con la investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, las compañías fueron creadas al inicio del sexenio de Duarte, registradas con domicilios falsos, correos electrónicos repetidos y socios que en realidad viven en colonias populares o trabajan como promotores de voto del PRI.
Empresas fantasma de Veracruz: direcciones falsas y contratos millonarios
En un periodo de 18 meses, el Gobierno estatal firmó 73 contratos con 21 empresas registradas en casas, tienditas o lotes baldíos. En varios domicilios los propietarios aseguraron que nunca existió ninguna empresa. Algunas, como Carrirey y Abastecedora Romcru, recibieron adjudicaciones directas por decenas de millones de pesos pese a carecer de infraestructura.
Las compañías compartían correos de registro, socios familiares y domicilios repetidos. En al menos 12 de ellas se utilizó el mismo correo electrónico y 13 tenían vínculos de parentesco entre sus representantes. La Sedesol Veracruz adjudicó por lo menos 45 contratos mediante licitaciones cerradas, mecanismo que permitió controlar a qué firmas se invitaba.
Funcionarios vinculados a la red
Entre los servidores públicos involucrados en la firma de los contratos destacan Vicente Benítez González, Edgar Spinoso, Tarek Abdalá Saad y Alberto Silva Ramos, todos parte del grupo político de Javier Duarte. Varios de ellos continuaron su carrera como diputados federales, pese a las investigaciones abiertas por presunto desvío de recursos.
Las dependencias estatales argumentaron que, por el periodo electoral, no podían emitir declaraciones públicas sobre los contratos. Sin embargo, los documentos revisados muestran que las licitaciones fueron restringidas o directas, sin comprobar la entrega de productos a los beneficiarios.
Firmas a ciegas: los supuestos dueños
Los supuestos socios de las empresas son personas de bajos recursos que firmaron documentos sin saberlo, muchas veces a cambio de promesas de apoyos sociales. Concepción Escobar, de 65 años, aseguró que fue convencida de firmar papeles sin leerlos y luego descubrió que era accionista de dos compañías que recibieron más de 180 millones de pesos.
Otros “empresarios” son músicos, taxistas o amas de casa que desconocen haber sido registrados como dueños. En colonias como Las Amapolas o Formando Hogar, donde se ubican varias de las supuestas sedes, vecinos afirman que nunca existieron oficinas ni bodegas y que solo han visto llegar recibos bancarios a su nombre.
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Sin comprobantes de entrega
Ni la Sedesol, ni el DIF, ni Protección Civil pudieron acreditar a quiénes se destinaron los productos. En varios casos, las dependencias admitieron no contar con listas de beneficiarios ni facturas de entrega. Para 2015, la mayoría de las empresas ya había desaparecido del Registro de Proveedores del Estado de Veracruz.
La investigación periodística concluye que las empresas fantasma fueron creadas para desviar recursos públicos a través de licitaciones controladas y adjudicaciones directas, con la participación de funcionarios cercanos a Javier Duarte.
