Excolaborador de Rosario Robles comparecerá por falsedad de declaraciones

Enrique González Tiburcio es acusado del delito de falsedad de declaraciones. Foto: Cuartoscuro (Ilustrativa).

El Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal revocó la suspensión definitiva otorgada por un juez federal al exsubsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Enrique González Tiburcio, acusado del delito de falsedad de declaraciones en la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) por el desvío de 185 millones de pesos.

Por lo anterior, González Tiburcio comparecerá ante un juez de control con sede en el Reclusorio Sur. Originalmente esta audiencia estaba programada el 18 de noviembre de 2020; sin embargo, el acusado obtuvo la suspensión por parte de la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia Penal.

Con la resolución de los magistrados, el excolaborador de Rosario Robles deberá acudir a la audiencia inicial para responder por los cargos que le imputa el Ministerio Público federal, pues la citación reclamada en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal.

Enrique González podría ser vinculado a proceso

Lo anterior, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar.

El Tribunal Colegiado también advirtió que los actos de autoridad en la función indagatoria no pueden considerarse susceptibles de suspensión, pues no existe ningún derecho particular que se oponga al interés general; es decir, a la investigación de los delitos.

Como subsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio habría tenido conocimiento de la firma de un convenio con la Universidad Francisco I. Madero del estado de Hidalgo, en el cual presuntamente se contrataron de forma ilegal diversos servicios estadísticos por un monto de 185 millones 839 mil 480 pesos, los cuales nunca fueron proporcionados.

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