Ley de Aguas: así impactarán los cambios en herencias, permisos y concesiones
La propuesta de reforma a la Ley de Aguas fue explicada por el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, quien detalló que la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados busca frenar la transferencia de concesiones entre particulares y evitar el acaparamiento del recurso en distintas regiones del país.
El funcionario expuso que el paquete legislativo contempla dos modificaciones: una nueva Ley General de Aguas, derivada del artículo 4 constitucional, que refuerza el derecho humano al agua y establece competencias entre los tres órdenes de Gobierno; y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, vinculada al artículo 27 constitucional, cuyo objetivo es que el Estado recupere la rectoría sobre el recurso.
Morales señaló que la legislación vigente desde 1992 permitió que personas con mayor capacidad económica acumularan concesiones, lo que generó desigualdad frente a comunidades, pequeños productores y agricultores con limitaciones para acceder al agua.
¿Qué proponen las reformas a la Ley de Aguas Nacionales?
Por ello, la reforma propone impedir que los particulares vendan títulos entre sí y prohibir cambios de uso que permiten que concesiones otorgadas para agricultura terminen en actividades industriales o inmobiliarias sin control del Estado.
Otros elementos planteados incluyen:
- Creación de un registro público de concesiones para garantizar transparencia
- Eliminación del acaparamiento especulativo del agua
- Fortalecimiento de sanciones por extracción ilegal
- Integración de un fondo de reserva para garantizar suministro en comunidades rurales e indígenas
- Regulación de sistemas de captación pluvial debido a afectaciones ecológicas detectadas
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Morales afirmó que es falso que la legislación impida heredar el recurso cuando un inmueble cambia de propietario. Detalló que las concesiones podrán renovarse a nombre de herederos o compradores, con garantía de certeza jurídica.
El titular de Conagua indicó que la reforma será discutida en los próximos días en la Cámara de Diputados.
Evaluación de especialistas sobre infraestructura y operación
En entrevista con Uno TV, Juan Francisco Bustamante, presidente de Agua de México, explicó que el sector agrícola utiliza alrededor del 76% del agua del país y es el que cuenta con menor medición. Señaló que la infraestructura de los organismos operadores presenta rezagos que afectan la calidad del líquido distribuido en redes municipales. También comentó que la legislación vigente permitió que las concesiones adquirieran valor de mercado, lo que elevó precios y generó prácticas especulativas.
Bustamante indicó que ningún organismo operador entrega agua potable para consumo directo desde grifo y que la cartera vencida superior al 50% limita la capacidad técnica de los sistemas. Sobre la captación de agua de lluvia, explicó que la industria ha instalado estos mecanismos, pero la iniciativa propone permisos especiales que requerirían lineamientos adicionales.
La visión legislativa: puntos críticos expuestos por Rubén Moreira
En entrevista con UnoTV, el diputado Rubén Moreira Valdés explicó que la propuesta federal contempla dos instrumentos: una Ley General de Aguas y modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales. Señaló que uno de los principales cambios es la separación entre la tierra y el derecho al uso del agua en cada parcela, lo que impediría heredar, vender o utilizar ese recurso para obtener créditos, afectando a pequeños y grandes productores que han invertido en infraestructura de extracción y conducción.
Moreira indicó también que la iniciativa tendría efectos retroactivos, al prohibir almacenar agua para fines distintos al consumo humano y establecer multas de hasta 12 millones de pesos y penas de cárcel. Agregó que el planteamiento centraliza trámites en la Ciudad de México y no incluye una regulación específica para el uso pecuario, lo que —dijo— elevaría los costos para ganaderos y actividades mineras.
Sobre el argumento gubernamental relacionado con el robo de agua, el legislador señaló que ese problema debe atenderse con acciones de seguridad y justicia, ya que, afirmó, la propuesta no aborda directamente ese fenómeno. Subrayó que el derecho humano al agua debe ser compatible con el derecho humano a la alimentación, debido al volumen de agua destinado a la producción de alimentos.
También cuestionó la ausencia de consultas amplias con productores de distintas regiones y sostuvo que existe inconformidad en sectores agrícolas y pecuarios que han manifestado afectaciones. De acuerdo con Moreira, las realidades hídricas del país son diversas y requieren modelos diferenciados.
