“Nueva” SCJN libera al Gobierno de obligación presupuestal con víctimas
La “nueva” SCJN eliminó la obligación legal de garantizar un presupuesto para víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos. El máximo tribunal resolvió que el Gobierno no está obligado a destinar un monto mínimo anual para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Presupuesto para víctimas y garantía mínima
Ángel Ruiz Tovar, investigador de Fundar, explicó que el criterio eliminado representaba “0.014% del gasto probable del año fiscal anterior”. Señaló que al desaparecer el fideicomiso también se canceló el mínimo presupuestario, lo que significa que no existe obligación de asignar recursos progresivos para las víctimas.
El 18 de noviembre, la “nueva” SCJN desechó la garantía mínima para el fondo. Según Fundar y el Centro ProDH, de aplicarse el criterio, en 2026 el Gobierno estaría obligado a destinar 913 millones de pesos, frente a los 692 millones presupuestados.
Antecedentes de la reforma a la Ley General de Víctimas
En 2024, el Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro Juárez” logró que la Suprema Corte anterior declarara inconstitucional la eliminación del mínimo en la reforma a la Ley General de Víctimas de 2020. José de Jesús Segovia, del Centro ProDH, recordó que la Primera Sala determinó que la reforma era regresiva porque no justificaba la reducción de recursos para las víctimas.
Ángel Ruiz Tovar agregó que la Corte ya había declarado que la modificación a la Ley General de Víctimas no era acorde con la Constitución. Luego de esa resolución, el tribunal notificó al Congreso para revertir la norma en 90 días.
Nueva decisión y efectos
Un año después, la “nueva SCJN” debía revisar si correspondía aprobar o desechar una declaratoria general de inconstitucionalidad. José de Jesús Segovia afirmó que algunos ministros analizaron nuevamente el fondo del asunto, contrario a la normativa de la Ley de Amparo.
Ruiz Tovar indicó que el presupuesto para víctimas ahora depende únicamente de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La decisión significó que el tribunal perdió la oportunidad de restablecer la progresividad del fondo. Jaqueline Palmeros, madre buscadora, lamentó la resolución.
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