ONU advierte por prisión preventiva oficiosa y pide garantizar independencia judicial en México
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó preocupación sobre el estado del sistema de justicia en México, particularmente por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y la necesidad de asegurar la independencia del Poder Judicial.
Durante una conferencia de prensa, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, señaló que la reforma judicial en México, que contempla la elección de personas juzgadoras mediante voto popular, debe garantizar la autonomía de las instituciones.
“Es esencial que se preserve la independencia de las instituciones judiciales, su integridad y competencia profesional y que las personas juzgadoras cuenten con salvaguardas efectivas frente a cualquier injerencia indebida”, afirmó.
ONU alerta por impacto de la prisión preventiva oficiosa
En su intervención, el funcionario internacional advirtió sobre los efectos de la prisión preventiva oficiosa, al considerar que puede afectar derechos fundamentales.
“Me preocupa la prisión preventiva oficiosa por su impacto en la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso”, indicó.
El Alto Comisionado subrayó que esta medida cautelar tiene implicaciones directas en el respeto a los derechos humanos, por lo que reiteró la importancia de revisar su aplicación bajo estándares internacionales.
Reforma judicial y garantías institucionales
Türk también abordó el proceso de transformación del sistema judicial en México, enfatizando que cualquier cambio debe mantener criterios de independencia, profesionalismo y legalidad.
Señaló que el fortalecimiento de las instituciones es clave para garantizar el acceso a la justicia y evitar posibles presiones externas que comprometan su funcionamiento.
Llamado a fortalecer el Estado de derecho
Las declaraciones del Alto Comisionado se dan en el contexto de su visita a México, donde sostuvo encuentros con autoridades y representantes del sistema judicial.
En este sentido, reiteró que el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia son pilares fundamentales para el Estado de derecho, por lo que instó a mantenerlos como eje central en cualquier reforma o política pública.
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